Se equivocaría quien piense que la labor del funcionario que encabece la Comisión de Búsqueda de Personas de Morelos es una tarea preponderantemente técnica, o preferentemente política; lo cierto es que, aunque requiere de ambas habilidades, pero se trata de una función que requiere primero de fortaleza y generosidad humana.
Por ello llama la atención que mucha de la polémica en torno a la designación del próximo comisionado se dirija exclusivamente al área técnica de la búsqueda de personas, mientras otra parte de la discusión refiera al componente político del proceso de selección. Ambos elementos son parte necesaria en la discusión, pero mucho más relevante tendría que ser la obligación del comisionado de atender lo que sin duda es una crisis humanitaria en Morelos, el fenómeno de la desaparición de personas que tiene víctimas directas e indirectas y cuyo exponencial crecimiento en el estado debería de preocuparnos a todos.
El “fenómeno” como han dado en clasificar a la desaparición de personas, ha aumentado especialmente entre mujeres, adultos mayores y jóvenes por causas asociadas a la violencia familiar y de pareja, la trata de personas, la ambición y descomposición familiar, y hasta el reclutamiento de personas por grupos criminales; que se han sumado a los factores asociados con la violencia que padece hace muchos años el estado.
Al perpetuo temor que provoca la desaparición de personas, las familias, amistades y conocidos de las víctimas suman casi siempre la inoperancia de las autoridades investigadoras, cuyo índice de efectividad es tan bajo que ha permitido una suma mayor a los mil 800 casos no resueltos en el estado.
Así que la búsqueda de personas tiene un componente político al requerir de la coordinación interinstitucional con organismos que no necesariamente están dispuestos o en condiciones de colaborar con la información y tareas requeridas; de acceso a presupuestos suficientes para la adquisición y el mantenimiento de herramientas manuales, maquinaria y tecnologías para la búsqueda; de diálogo y colaboración con colectivos civiles de búsqueda y defensores de los Derechos Humanos; de capacitación para la búsqueda y de campañas de prevención de las desapariciones.
También necesita del conocimiento de las leyes y protocolos para la búsqueda, los alcances y limitaciones de las herramientas de trabajo, las probables ubicaciones donde podrían encontrarse indicios o restos humanos.
Pero mucho más, el tamaño de la crisis requiere una atención mucho mayor a la que se planteó durante las administraciones anteriores, jornadas intensivas, trabajo interinstitucional, gestión de apoyo con recursos externos, protección a las víctimas indirectas, una serie de tareas que requieren un perfil que probablemente ya existe en la Comisión de Búsqueda de Personas de Morelos, pero no se está valorando.
Las experiencias que han tenido las instituciones cuando obedecen exclusivamente a organizaciones interesadas en los temas no siempre ha sido positiva. Cierto que el apoyo de los colectivos ha significado avances enormes, como en la anterior administración del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos; pero la actual presidencia del mismo órgano evidencia que el respaldo de los colectivos no es suficiente. Hace falta también contar con las habilidades para enfrentar el tamaño de cada uno de los retos y el de la desaparición de personas es probablemente el más grande que enfrenta Morelos ahora, un problema que hace muchos años se abandonó, aunque en los últimos dos meses han sido evidentes los cambios y la capacidad para enfrentarlo, y esperamos, resolverlo.
