Los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirman lo que desde hace años sabemos y vivimos: Morelos es hoy la entidad con la tasa más alta de feminicidios en el país. Entre enero y julio de 2025, se registraron 22 mujeres asesinadas por razones de género, lo que equivale a 2.07 casos por cada 100 mil mujeres. Esta cifra nos coloca en la cima de una lista que jamás debimos encabezar.
Como en todos los delitos de alto impacto, detrás de la estadística hay un nombre, un rostro, una familia que hoy carga con el dolor irreparable de la violencia feminicida. Pero que nos afecta a todos en todas las esferas: personal, económica y hasta de convivencia comunitaria. Debemos asumir a los feminicidios como una tragedia social. Cada feminicidio es también una señal de nuestra incapacidad para garantizar el derecho más elemental: el derecho a la vida.
Resulta particularmente doloroso recordar que desde 2015, en Morelos se decretó la Alerta de Violencia de Género (AVG) para varios municipios. Aquel mecanismo, que se presentó como una herramienta urgente para frenar la espiral de violencia contra las mujeres, parece haberse convertido más en un sello de estigmatización que en una estrategia de cambio real. Diez años después, ¿qué se ha mejorado? La pero manifestación de la violencia de género, que es la muerte, no solo persiste: se ha agudizado.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos ha sido clara: toda muerte violenta de una mujer, por ley, debe investigarse bajo el protocolo de feminicidio. No hacerlo así desde un inicio, solo hace más ancha la puerta de la impunidad, esa vieja cómplice de la violencia en nuestro estado. Si la Fiscalía General del Estado no actúa con perspectiva de género desde el primer momento, las carpetas de investigación se convierten en archivos muertos y los perpetradores siguen libres. Por ello es comprensible la demanda de familiares y amigos de Andrea Mayilin, quienes exigen que su carpeta de investigación sea reclasificada como feminicidio, aunque, como lo reportan los hechos, eso tampoco les garantice nada.
El problema de fondo es estructural. Para detener el feminicidio hace falta voluntad política, recursos económicos bien aplicados y, sobre todo, coordinación entre municipios, estado y federación. La AVG se ha quedado en el papel, cuando debería apuntalar una política integral que eduque, prevenga, atienda y sancione.
Hoy cabe preguntarse ¿de qué sirvió la Alerta de Género en Morelos si las morelenses siguen siendo asesinadas, si las comunidades viven con miedo?, si la AVG se limita a protocolos burocráticos, la respuesta es dolorosa: sirvió de poco o de nada.
No podemos resignarnos. Morelos necesita replantear sus políticas de prevención y protección. Necesitamos instituciones que no revictimicen a las familias, ministerios públicos que investiguen con seriedad y jueces que actúen con perspectiva de género. Sobre todo, necesitamos reconstruir una sociedad que deje de normalizar la violencia contra las mujeres.
Los feminicidios no son inevitables. Como muchos otros delitos que fomentan nuestra inseguridad, son prevenibles si se actúa con determinación, sensibilidad y justicia. Mientras tanto, cada víctima nos interpela y nos obliga a insistir: ni una más en la impunidad, ni una más olvidada en las estadísticas, ni una más sin justicia en Morelos.
