De origen desconocido, pero altamente popular en España, la frase “éramos pocos y parió la abuela” parece aplicarse al Ayuntamiento de la internacionalmente querida ciudad de Cuernavaca. El dicharacho aplica cuando a una situación complicada, como la serie aparentemente interminable de pendientes y quebrantos financieros que heredó el alcalde, José Luis Urióstegui Salgado, se le suman asuntos que la vuelven aún más difícil, como el que se descubra, por un requerimiento de 269 millones de pesos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que los exalcaldes omitieron enterar el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los trabajadores en 2015 y 2016.
La amarga sorpresa a la que el Ayuntamiento tendrá que hacer frente, lo obligará a disponer de recursos que habían sido presupuestados a otros proyectos para liquidar por lo menos el 20% del adeudo porque, si bien la administración del alcalde, José Luis Urióstegui Salgado no es la culpable del adeudo, es la responsable de resolverla para evitar mayores daños al erario municipal.
El golpe financiero se suma a millonarios pasivos heredados que provienen de de juicios laborales, mercantiles, civiles, administrativos, todos ellos por descuido, omisión o probables actos de corrupción de las administraciones anteriores; y en conjunto mantienen comprometidas las finanzas de Cuernavaca pese a la aseada administración de Urióstegui Salgado.
Es decir, la crisis financiera que la ciudad trata de resolver no fue causada por imponderables, el efecto de fenómenos naturales; ni siquiera, aunque por supuesto ha influido, de un problema estructural del gasto público y los ingresos municipales. No, en el caso de Cuernavaca, la mayor parte del quebranto proviene de malas decisiones, imprudencia administrativa y otras formas de corrupción en el servicio público que durante muchos años se permitieron y que, a pesar de las muchas denuncias, más de treinta de ellas a cargo de la actual administración municipal, siguen impunes.
La decisión de la administración de José Luis Urióstegui Salgado para proceder en contra de cada uno de los responsables del quebranto a las finanzas municipales, del profundo daño hecho a las posibilidades de desarrollo de la ciudad, es de reconocerse; pero solo puede completarse si desde las instancias donde se investigan los casos de corrupción y donde se sancionan los delitos cometidos por servidores públicos. Si la Fiscalía Anticorrupción y los jueces hacen su trabajo para castigar a quienes arruinaron a la ciudad, terminará la impunidad en el servicio municipal y se dará un ejemplo que pueda inhibir el desaseo en las administraciones de otros ayuntamientos.
Sacar de la congeladora las denuncias que realizó el equipo jurídico de Urióstegui Salgado desde su primer periodo en la alcaldía, en el 2021, y procesar rápidamente las que deriven del recién descubierto desvío, es imperativo para mandar un mensaje de no impunidad a toda la clase política de Morelos.
Los mensajes de impunidad que se han enviado desde hace mucho tiempo en los juzgados y las fiscalías sólo han favorecido la reproducción de las malas prácticas gubernamentales. Es hora de cambiar las cosas.
