El anuncio de la gobernadora, Margarita González Saravia en su informe de 100 días de administración sobre el inicio de procesos jurídicos contra los responsables de irregularidades cometidas durante la pasada administración que han sido detectados durante el proceso de entrega-recepción de los despachos del Ejecutivo estatal es el inicio de la solución de un pendiente exigido por la ciudadanía incluso antes de que la primera mandataria asumiera el cargo el pasado 1 de octubre.
Los reclamos documentados de abusos en la función pública de exfuncionarios colaboradores del exgobernador, Cuauhtémoc Blanco, son abundantes y requerían de una declaración definitiva de Margarita González Saravia antes de que empezaran a desgastar a su administración que, eficiente en muchas cosas, notable en otras y ejemplar en algunas más, heredó sin quererlo en mayor o menor grado los abusos de quienes antecedieron a casi cada uno de sus colaboradores.
La instrucción al consejero jurídico, Edgar Maldonado Ceballos, y la contralora, Alejandra Pani Barragán, fue iniciar con los procesos jurídicos ante la Fiscalía Anticorrupción para reintegrar a las arcas del estado los recursos desviados o castigar a quien haya hecho mal uso de los recursos públicos. La gobernadora, sin embargo, no abrió una puerta a la impunidad, la disyuntiva refiere al probable origen de las irregularidades (algunas podrían llevar solamente a la reparación de daños menores y sanciones administrativas como la suspensión o inhabilitación).
Margarita González Saravia y su equipo jurídico y de control administrativo saben que no hay lugar a la impunidad, quienes hayan abusado del servicio público cometiendo delitos en el ejercicio de sus cargos serán sujetos a investigación y, aunque corresponderá a la Fiscalía Anticorrupción y los juzgados castigarlos, es responsabilidad del gobierno estatal iniciar los procesos jurídicos y aportar toda la información posible para lograr las condenas a que haya lugar.
Como remate de transparencia, la gobernadora también adelantó que Consejería Jurídica y Contraloría deberán informar sobre las irregularidades encontradas y también sobre los procesos administrativos y jurídicos en contra de los responsables tan pronto como este lunes (mañana).
El anuncio también tiene una advertencia durísima a su equipo de trabajo: “aquí no hay espacio para las improvisaciones ni para las excusas. Tampoco hay espacio para los actos de corrupción”, dijo frente a los cientos de asistentes al informe, entre quienes estaban, por supuesto, todos los funcionarios de su gabinete legal y ampliado.
Llamó la atención que la gobernadora utilizó por lo menos tres veces el término “firmeza” para referirse a su estilo de ejercer el poder, algo que, si bien no está reñido con el humanismo que caracteriza su administración, se convierte en un componente digno de enunciar en un ambiente político local que, con reminiscencias del desorden del pasado, requería subrayar el carácter de la titular del Ejecutivo ante la sociedad, pero también en su gabinete.
Y si bien la revisión y castigo al pasado reciente es uno de los más importantes anuncios hechos por la gobernadora, su advertencia al equipo de trabajo también puede fortalecer la confianza en el gobierno que apenas cumplió cien días: No hay lugar para la improvisación, las excusas ni la corrupción, y en Morelos eso es un gran mensaje.