La realidad de Morelos presenta contradicciones que confundirían a más de un observador casual y alimenta la creencia de que Morelos perdió la batalla contra la ilegalidad y la violencia.
Constantemente aparecen noticias y opiniones sobre el clima de violencia que ahuyenta inversiones, frena la economía y alimenta el miedo de familias e inversionistas; pero, por otro, hay señales de que el gobierno estatal, a casi un año de haber asumido el cargo, intenta reconstruir instituciones corroídas por el abandono, la corrupción y la desconfianza ciudadana.
De acuerdo con la Asociación de Distribuidores e Industriales del Estado de Morelos (ADIEM), al menos 15 empresas nacionales e internacionales han detenido su llegada a la entidad por las condiciones de inseguridad. Proyectos de turismo, industria e infraestructura —que significarían empleos y derrama económica— han sido puestos en pausa, según ellos. “La seguridad es uno de los primeros temas que preguntan los inversionistas. Es un filtro que muchas veces define si se quedan o no”, advirtió su presidente, Eduardo Aguilar Ochoa.
En el ámbito local, la crisis se siente de manera aún más dolorosa. En Huitzilac, uno de los corredores turísticos más emblemáticos de la región, el sector restaurantero reporta una caída de hasta 50% en sus ventas. Fondas, cafeterías y restaurantes tradicionales que antes eran parada obligada de viajeros hoy sobreviven con horarios recortados, plantillas reducidas e incluso cierres definitivos. Entre los que eran sus visitantes habituales, el miedo ha sustituido a la costumbre del paseo dominical.
Frente a este panorama, sería fácil caer en el derrotismo. Sin embargo, el gobierno estatal parece decidido a no repetir los errores de administraciones pasadas. La instalación de comités de ética en dependencias como la Secretaría de Hacienda y de órganos de transparencia en programas sociales como Semillas de Esperanza y Calmecac no resolverá el problema de la violencia, pero es una señal importante: se busca atacar uno de los males que alimentan la inseguridad, la corrupción, desde su raíz. La construcción de instituciones confiables, y acciones para cerrarle el paso a quienes pretendían aprovecharse personalmente de las acciones del gobierno, aunque es una solución lenta, es el único antídoto duradero contra la impunidad.
En este contexto, el reto para la administración estatal es doble. Por un lado, debe mantener el impulso de estas acciones de integridad y transparencia, extendiéndolas a todas las áreas de gobierno. Por otro, tiene que redoblar esfuerzos para que los operativos de seguridad sean permanentes, eficaces y coordinados con municipios y federación. La ciudadanía no puede esperar a que las reformas administrativas den frutos: necesita resultados inmediatos que devuelvan la tranquilidad a sus calles, carreteras y negocios.
Como bien señala el propio gobierno al instalar sus comités de ética, la confianza ciudadana se gana con hechos, no con palabras. De esa congruencia dependerá que las sombras de la violencia sean superadas por la luz de una nueva etapa para Morelos. Hoy, más que nunca, la seguridad y la integridad deben caminar juntas para que el estado deje de ser territorio de oportunidades perdidas para convertirse en tierra de esperanza cumplida.
La persistencia de la inseguridad en nuestro estado podría hacer dudar de los resultados de toda la gestión estatal, sin embargo, los esfuerzos por reconstruir la confianza debe ser una labor básica para reafirmar, con resultados, la credibilidad, ahí si, de todo el gobierno.
