Seguramente guardar silencio sobre el escándalo en torno a la destrucción de árboles en la colonia Reforma habría convenido más a la imagen del ayuntamiento de Cuernavaca, ya bastante lesionada por muchas fallas en los servicios públicos municipales y en la conservación del entorno.
Este miércoles, José Alfredo Domínguez San Ciprián, director de Desarrollo Sustentable y responsable directo de la aplicación de las políticas de protección y restauración de la naturaleza pretendió aclarar las denuncias de ambientalistas y vecinos sobre la destrucción del arbolado urbano ubicado en los dos predios donde la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días pretende construir un templo. Al final, el funcionario terminó reconociendo no sólo la tala de árboles sino un daño aún mayor del calculado por los denunciantes (que consideraban daño a alrededor de 40 ejemplares), la cifra de especímenes talados alcanzó los 77, casi el doble de los estimados; y peor, se hizo con la anuencia de la autoridad municipal.
El funcionario también confirmó la narrativa expuesta previamente sobre los hechos por vecinos y activistas y, como ha hecho el ayuntamiento en casos anteriores similares, atribuyó la autorización de la tala y remoción de los árboles a enfermedades y hasta muerte de algunos de ellos. Aseguró que los responsables de la obra a la que se autorizó el retiro de los árboles deberán plantar 96 ejemplares más en el predio y entregar mil quinientos más al vivero municipal, todos ellos de especies nativas de Morelos, como una medida de restauración. Una que sería imposible dado que el daño provocado a la zona donde se talaron árboles de más de cinco décadas es irreversible.
Cierto que la reforestación con más ejemplares ofrece una perspectiva de mejora en el largo plazo, pero también lo es que en los próximos cinco y diez años la ciudad padecerá los efectos de no tener el servicio ambiental que proporcionan los árboles maduros ubicados en la zona.
La advertencia del secretario de Desarrollo Sustentable de Morelos, Alan Dupré sobre la posibilidad de que, si se encuentran irregularidades, violaciones a la licencia de impacto ambiental o afectaciones mayores al ambiente, se tendrían que suspender los eventuales trabajos de construcción del templo proyectado; es una proyección profundamente moderada, pero es para lo que da la ley como está ahora.
Los ordenamientos facultan a los ayuntamientos para autorizar la poda severa, tala, banqueo y otros daños al arbolado urbano de acuerdo con criterios que no siempre son claros y tampoco transparentes; lo que permite la discrecionalidad del funcionariado y aumenta los riesgos de corrupción.
Se vuelve entonces urgente reformar las leyes que protegen a los árboles en las ciudades, en el entendido de que los amigos verdes no son sólo parte del paisaje, sino habitantes que tienen una función definitiva en el control de la temperatura, la polinización, la conservación del entorno y la purificación del aire urbano.
Probablemente muchos funcionarios de buena fe reconocen las limitaciones de la legislación actual para la protección del medio ambiente urbano; por lo que preocupa especialmente el poco interés que se ha demostrado en subsanar esas fallas e impulsar reformas y nuevas leyes que ayuden a trazar un futuro mejor para las ciudades y sus habitantes. Justo esas limitaciones y omisiones son las que provocan el hartazgo, los escándalos político-ecológicos y el activismo social para defender los árboles que, sin importar en qué propiedad se encuentren, son de todos.
