Antes de concluir su primer año, el gobierno de Margarita González Saravia se prepara para enviar al Congreso de Morelos una propuesta de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal que, de aprobarse, marcaría un reordenamiento significativo de la estructura gubernamental.
Entre los cambios destacan la consolidación de la Secretaría de las Mujeres, la transformación de la Secretaría de la Contraloría en Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, así como la posible fusión o desaparición de áreas en las secretarías de Hacienda y Administración.
La modernización de la administración pública no es un simple ejercicio de ajuste institucional, burocrático o presupuestario; es una obligación frente a una sociedad que evoluciona y exige respuestas más eficaces. La burocracia rígida, cuando no se adapta, se convierte en un obstáculo para la solución de problemas reales que necesitan atención y respuestas oportunas. En ese sentido, la intención del gobierno de revisar sus estructuras debe entenderse como una oportunidad para construir un aparato estatal más funcional, menos disperso y con atribuciones -y responsabilidades- claras.
Particularmente, la consolidación de la Secretaría de las Mujeres y la desaparición del Instituto de la Mujer del Estado de Morelos abren un debate necesario: ¿cómo garantizar que la atención a la violencia de género no quede atrapada en la indefinición administrativa? La transición de funciones hacia el despacho estatal debe ser acompañada de mecanismos efectivos de seguimiento, presupuesto suficiente y personal especializado, de manera que ninguna víctima quede sin respuesta por falta de claridad institucional.
En cuanto a la creación de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, la propuesta responde no sólo a una tendencia nacional sino también a un reclamo ciudadano persistente: reducir la impunidad y fortalecer la vigilancia de los recursos públicos. Sin embargo, su efectividad dependerá de algo más que de un cambio de nombre; será indispensable que cuente con facultades reales, independencia operativa y resultados medibles. La ciudadanía no necesita más dependencias, necesita instituciones útiles.
La posible fusión de áreas en Hacienda y Administración, así como la eventual absorción de funciones del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, deberán discutirse con el mismo enfoque: evitar duplicidades, simplificar trámites y eliminar espacios de opacidad. Reformar no debe significar recortar derechos, sino optimizar capacidades.
La administración pública es el puente entre el gobierno y la ciudadanía. Mantenerla actualizada frente a los desafíos contemporáneos no es un lujo político, sino una necesidad democrática. Por ello, el Congreso de Morelos tiene ante sí la responsabilidad de revisar, enriquecer y, de ser el caso, aprobar una reforma que no sólo reorganice el organigrama estatal, sino que acerque el gobierno a la gente, sin excesiva burocracia y con una claridad absoluta en las responsabilidades de cada dependencia.
Porque, en última instancia, la eficacia de un gobierno se mide no por el tamaño de su estructura, sino por su capacidad de servir. La administración pública que no se transforma, se oxida; y cuando se oxida, deja de servir a quienes se debe.
