Sea por la ineptitud que llevó a omisiones graves, o por aparente mala fe reflejada en abusos en el gasto público, las gestiones de los exalcaldes, Antonio Villalobos Adán y Cuauhtémoc Blanco Bravo, siguen costándole a Cuernavaca decenas de millones de pesos en asuntos que evidencian lo peligrosa que puede ser la gestión pública municipal en manos de quienes no están preparados para ella.
Los pendientes jurídicos de los exalcaldes son tantos, que no bastaron los primeros tres años de la gestión de José Luis Urióstegui, y los buenos oficios de un equipo jurídico dedicado casi exclusivamente a atender esos casos. En los primeros días del segundo periodo de Urióstegui en la alcaldía los asuntos siguen estallando en diversos tribunales lo que genera constantes mermas al erario, y afecta las posibilidades de inversión del Ayuntamiento.
La síndica municipal, Paula Trade Hidalgo, informó ayer de la obligación de pago por cien millones de pesos del Ayuntamiento de Cuernavaca con una empresa constructora que realizó trabajos en Cuernavaca durante el periodo 2016-2018. Los trabajos fueron presentados por el entonces alcalde, Cuauhtémoc Blanco Bravo, como donación de la empresa que después exigió el cobro. La administración siguiente, a cargo de Antonio Villalobos Adán, no denunció los hechos, por lo que tácitamente admitió el compromiso de pago.
La administración de José Luis Urióstegui buscó acuerdos para reducir el monto del pago y había logrado un acuerdo previo en el 2023 que descargaba parte del interés, pero el adeudo alcanzó los cien millones de pesos exigibles de forma inmediata. La síndica asegura que si bien el caso está perdido, se buscará una negociación para que el Ayuntamiento no resulte tan afectado.
El de los cien millones de pesos es uno de los muchos expedientes heredados por la administración de Urióstegui, en los que se incluyen más de 500 juicios laborales, algunos ya con sentencia y otros aún en proceso de conciliación, que fueron abiertos, algunos en la época de Cuauhtémoc Blanco y la mayoría con Antonio Villalobos Adán.
Llama la atención una de las carpetas laborales de Blanco Bravo en que es entonces alcalde pactó el despido de un abogado que trabajaba como su asesor, ofreciendo condiciones de arreglo ilegales y profundamente dañinas para la administración municipal, como una multa de 500 pesos diarios en caso en casi de atraso en el pago. El expediente ha acumulado ya una deuda de dos millones de pesos.
En el caso de Villalobos Adán, las omisiones de presentarse a audiencias provocaron que la posibilidad de conciliación en cientos de casos laborales se esfumara, lo que ha derivado en muchos juicios perdidos y dificultó el llegar a acuerdos en muchos otros.
Lo menos que podría decirse de las administraciones de Cuauhtémoc Blanco y Antonio Villalobos es que fueron ineptas para atender los problemas que son cotidianos en un ayuntamiento: pagos a proveedores, relaciones laborales, atención a los servicios públicos, por mencionar algunas. También podría presumirse algún toque de mala fe dada la sistemática repetición de irregularidades cometidas por ambos alcaldes y sus colaboradores.
Pero porque los probables delitos habrían prescrito, o porque las conductas observadas no constituyen en sí mismas hechos que puedan perseguirse penalmente, la ciudad deberá pagar las pifias de los exalcaldes. Esto nos lleva a pensar que probablemente sería necesaria una reforma a la legislación para poder hacer responsables a los alcaldes de fallas, especialmente cuando son reiteradas; o una forma de seguro para que la ciudadanía no tenga que ser quien acabe pagando la mala práctica profesional de quienes administran los municipios.