En la relación empresas y derechos humanos la posición predominante es que las primeras son los sujetos obligados a respetar derechos humanos. La obligación comprende las relaciones internas (fundamentalmente con sus trabajadores) y las relaciones externas (clientes, consumidores, medio ambiente, entorno geográfico). Las empresas, sin excepción, deben respetar derechos humanos en todos sus procesos productivos. Si o sí. No tienen alternativa. En ese sentido va el avance legislativo a nivel internacional.
Ahora quiero plantear otro escenario: que sean las empresas las violentadas en sus derechos humanos. ¿Es válido algo así? Esto sale a colación con motivo de un caso real, difundido en redes sociales. Pongo el contexto: una empresa mexicana se ve obligada a cerrar sus puertas, a pesar de contar con más de un siglo de existencia y de tener entre sus políticas corporativas, incorporar en su planta laboral, a personas mayores y a personas con capacidades diferentes. Me tomo dispensa periodística para identificarla por su nombre: El Oso.
Se trata de una empresa dedicada a la fabricación de productos para el cuidado del calzado formal y deportivo. No puedo evitar recordar y, compartir con usted amable lector (a), que por muchos años y, hasta la fecha, continúo utilizando sus productos para lustrar mi calzado. Lo hice en toda la etapa estudiantil de mis hijas e hijo. Ellas y él recuerdan esa época, en la que, los domingos en la tarde-noche, tal cual como si fuera un “cien pies”, formaba para lustrarlos, los zapatos escolares (blancos y negros) que utilizarían en la semana, a estos sumaba los propios y los de Carmen, mi esposa. Era una faena que, mínimo, me llevaba una hora de trabajo.
Bueno, la empresa El Oso lanza un mensaje de SOS, para hacer del conocimiento de la opinión pública que se ve impelida a cerrar sus puertas, después de 103 años de existencia, por circunstancias ajenas a cuestiones empresariales. Señala “no podemos seguir con nuestro trabajo ante las extorsiones y pago de piso a la delincuencia organizada y ante la corrupción de las autoridades”. Hablar de SOS no es gratuito, sea una u otra de sus dos acepciones: “save ours souls” (salven nuestras almas) o “save or succumb” (sálvenos o morimos). Es una señal de socorro que se utiliza a nivel mundial. En este caso, se trata de un grito de la empresa para no perecer. Un mensaje tan claro y tan directo no puede ser soslayado, ni ser pasado por alto. Su situación no se puede ver como algo que sólo concierne a una empresa en particular, sino asumir como una problemática que enfrentan muchísimas más empresas, que viven situaciones similares. ¿Qué hacemos?
Ubico la situación de la empresa en el terreno de los derechos humanos. Asumo que es una cuestión técnica, pero es la opción de salida para encontrar una solución. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de nuestro país han recurrido, en sus resoluciones, al principio de interpretación más favorable, para concluir que la empresa también cuenta con derechos humanos. Su silogismo es claro: los derechos humanos son de las personas; las empresas (sociedad mercantil) son personas jurídicas, por tanto, las empresas son titulares de derechos humanos. Dichas instancias jurisdiccionales señalan como condición que no se trate de aquellos derechos cuyo contenido material sólo pueda ser disfrutado por las personas físicas (la vida, la libertad, etc.), ¿Qué significa?, que cualquier derecho humano que no sea de ejercicio exclusivo de una persona en lo individual, puede hacerse valer por una empresa cuando no son protegidos por las autoridades, por ejemplo, derecho a la seguridad jurídica, derecho a la seguridad pública. El caso El Oso es paradigmático. Por si fuera poco, impacta en su plantilla de trabajadores. Qué mayor argumento para “entrarle al asunto”, bajo un enfoque de derechos humanos.
El caso debe ser asumido de oficio por las instituciones de derechos humanos. No puede haber prejuicio por tratarse de una empresa, es decir, pensar que El Oso resuelva por sí solo sus problemas, pues cuenta con los recursos económicos para hacerlo. Fuera las actitudes dogmáticas. Es una oportunidad de hacer ver que los derechos humanos son para todos y todas, sean personas en lo individual, sean colectivos o comunidades de personas o también empresas que requieren ser protegidas ante situaciones especiales, como en este caso, que brinda oportunidades de trabajo a personas en situación de vulnerabilidad. Hay razones ineludibles que deben tenerse en cuenta para entrar a conocer del asunto e investigar si las autoridades han cumplido con su obligación de salvaguardar los derechos humanos. No le den la vuelta.
Es una oportunidad de generar los criterios necesarios para completar el esquema de protección de los derechos humanos relacionados con las empresas, tanto en su calidad de obligadas a respetar derechos humanos, como de ser titulares de ellos. No se trata de satanizar a las empresas cuando violenten derechos humanos, pero tampoco de dejarlas en situación de indefensión ante violaciones a sus derechos humanos. Ni todo contra ellas ni nada a su favor. Es una cuestión de sensibilidad, pero de conocimiento efectivo de los derechos humanos y de actuar de manera efectiva para su defensa.
Es momento de dar un paso adelante en la defensa efectiva de los derechos humanos. No dejemos pasar la oportunidad de hacerlo. Exijamos a quienes deben tomar las acciones oportunas y pertinentes, que lo hagan. Es su obligación.
* Investigador Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) / eguadarramal@gmail.com
Imagen: El Oso FB
