Cuando en el 2013 el Congreso local aprobó la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Morelos, el problema en el estado era grave; uno de cada cinco mexicanos había padecido de actos de exclusión; para el 2022, la discriminación alcanzaba ya a uno de cada cuatro.
Aunque la ley se planteaba como un mecanismo para “lograr siempre la equidad en las personas y respetar siempre los derechos fundamentales” y “crear acciones tendientes a fortalecer el respecto a los derechos humanos reafirmando el marco normativo estatal”; lo cierto es que, a pesar de la ley y las buenas intenciones de muchos, la discriminación ha crecido en los últimos doce años, o probablemente sólo se ha visibilizado.
La historia nacional está llena de evidencias de discriminación. Desde la era prehispánica hasta nuestros días las distinciones, exclusiones, restricciones y preferencias derivadas del origen; género; personalidad; orientación sexual; condiciones sociales, económicas, de salud, jurídicas; filiación religiosa o política; situación civil o familiar; responsabilidades familiares; apariencia física; condición migratoria; idioma, entre otras; están presentes al grado de haberse considerado por mucho tiempo, normales, no solo en el sentido de comunes, sino también porque crearon muchas normas de comportamiento social.
Parte del problema parece derivar de que el discurso identitario de los grupos dominantes parte más que de la definición de sí mismos, de las diferencias de los miembros de ese grupo con los otros. Desde esta lógica, definir significaría no explicar, sino delimitar y ese marcaje de límites entraña una enorme violencia lingüística que suele derivar en una instrumental.
En la medida en que las sociedades se vuelven más plurales y las diferencias entre quienes las forman se convierten en absolutamente comunes, el grupo dominante deja de ser una mayoría para volverse, a su vez, un mosaico de minorías que deberían celebrarse en tanto significa (y esto también nos lo enseña la historia) la posibilidad de enriquecimiento y evolución social y cultural.
La cultura mexicana en general y la morelense en particular, es una generosa construcción de aportes indígenas, africanos, europeos, americanos, asiáticos, que significa mucho más que objetos (edificios, artesanías, música, saberes, rituales, lenguajes); incluye también a las personas que los crean y viven; a quienes sin renunciar a su identidad comunitaria han enriquecido la regional y la nacional.
No es extraño, pero sí muy lamentable, que la discriminación contra grupos específicos que han aportado su vida y obra a la construcción de Morelos y de México mantenga niveles que no debieran tolerarse y que, si bien tienen su mayor expresión en la forma de los llamados crímenes de odio, incluyen toda suerte de microviolencias contra las comunidades afromexicanas e indígenas, víctimas perpetuas de la exclusión.
La conmemoración este lunes del Día Estatal de las Personas Afromexicanas no sólo tendría que ser un espacio de reflexión sobre la urgente atención que requiere esa población en materia de políticas públicas que le garanticen el no perfilamiento racial. También tendría que mostrarse como una celebración de nuestra herencia africana, esa que se nos ha regalado sin reservas para enriquecer el arte, la cultura y la vida en común.
Visibilizar nuestras herencias y los actuales aportes de quienes son parte de nuestras comunidades nos ayuda a entenderlas, y con ello, la valoración, el respeto y la inclusión que podrían poner fin, o por lo menos reducir considerablemente los actos de discriminación.