Recibida por el Congreso de Morelos la propuesta de reforma al Poder Judicial local, diseñada en la consejería jurídica de la gobernadora, Margarita González Saravia, arranca la serie de procesos que deberán culminar en el aprovechamiento máximo de la mayor oportunidad que se pueda plantear para mejorar la impartición de justicia en Morelos, un componente indispensable en la construcción de la paz y las relaciones sociales de todo tipo.
Hartos de la incapacidad evidente de juzgadores y magistrados un grupo de abogados en paralelo anuncia su intención de aportar a la reforma judicial local, piden que se tome el tiempo necesario para hacer todos los ajustes necesarios para adaptar las reformas a la realidad del estado, y de paso anuncian la intención de solicitar un Juicio Político contra el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Jorge Gamboa Olea, a quien -igual que miles de morelenses- quisieran ver fuera del Poder Judicial local.
La idea de los abogados es remover a Gamboa Olea antes de que inicie el proceso que, en alrededor de dos años lo podría remover del cargo (una vez que se realice la elección de personas juzgadoras y magistradas del Poder Judicial en Morelos) y con ello, consideran, recuperar el orden que el Tribunal Superior y los juzgados, perdieron tiempo antes de la llegada del actual presidente.
Es decir, para los abogados que presentaron la Unión de Juristas de Morelos, la renovación del Poder Judicial tendría que darse en dos pistas, primero en el terreno del marco constitucional y jurídico que da forma a la administración de justicia en el estado; y segundo en la remoción del magistrado presidente y aquellos pares suyos que pudieran tener responsabilidad en la crisis que vive la justicia en el estado integrada por la impunidad, la violación a los derechos de los justiciables y hasta la inoperancia, todas ellas denunciadas por los abogados de forma recurrente.
La idea de los especialistas del derecho buscaría paliar el daño que un Poder Judicial en las condiciones que actualmente tiene el de Morelos puede seguir provocando a los justiciables mientras se resuelven la reforma judicial constitucional y las de las leyes secundarias que incluirían la Orgánica del Poder Judicial en la que se establecerían nuevos requisitos y formas de acceder a los cargos en los juzgados y tribunales. Porque para los abogados, pero mucho más para miles de víctimas que aguardan por justicia en el estado, esperar dos años para tener la esperanza de que les sea cumplida resulta un exceso injustificable.
Es comprensible que la urgencia de tener una reforma judicial que responda a los anhelos de los morelenses pudiera acelerar el proceso, ocasionando imperfecciones o errores graves en el diseño legislativo. El plazo de hasta dos años que consideran los poderes Ejecutivo y Legislativo parece razonable para evitar que las prisas lleven a una reforma que deje las cosas igual o aún peor de lo que hoy están.
Entonces la propuesta de los abogados de fincar responsabilidades a quienes han malogrado la justicia morelense parece una vía para resolver el problema más urgente del Poder Judicial en Morelos y es el que provoca la gestión de Gamboa Olea y su conflicto permanente con un bloque mayoritario de magistrados que también tendrían que ser llamados a cuentas en honor de la justicia.
Solo faltará que la solicitud de juicio político contra el magistrado presidente venga bien integrada y sustentada y que nadie en el Legislativo vaya a proteger a Jorge Gamboa, quien para muchos está sostenido por el brazo del exgobernador, Graco Ramírez.
