Extendido en ocho municipios de Morelos, 22 del Estado de México y siete alcaldías de la Ciudad de México, el Bosque de Agua es una extensión de más o menos 250 mil hectáreas vitales en los ecosistemas regionales y en la dotación de agua para las comunidades.
El bosque tiene 21 áreas naturales protegidas, siete en el plano federal, nueve en el plano estatal, y el resto reservas comunitarias, lo que evidencia la importancia que los gobiernos y las comunidades han dado a algunas zonas del bosque que, aunque han desacelerado su degradación, siguen padeciendo el deterioro derivado de diversos factores, como la tala inmoderada, la extensión de la mancha urbana, la presencia de tiraderos clandestinos, los incendios forestales, la expansión de zonas de cultivo y megaproyectos de infraestructura, transporte y comunicaciones.
Anunciado hace semanas, el acuerdo de tres gobiernos estatales (México, Ciudad de México y Morelos) para la protección del Bosque de Agua se plantea desde ahora como un nuevo enfoque que resulta mucho más ambicioso. La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia puso una meta de protección de 800 mil hectáreas que pasan por el corredor Ajusco Chichinautzin, Zempoala, el Nevado de Toluca alimentando a once acuíferos en la zona.
La idea es coordinar los trabajos que hoy se hacen de forma aislada y en muchos casos incompleta en la protección de la región. Se trata de “fortalecer la vigilancia forestal de los tres estados… implementar programas regionales e incorporar a las comunidades locales junto con el gobierno en la conservación”, una metodología prometedora porque toma en cuenta a los habitantes de la enorme región.
Las gobernadoras González Saravia, Delfina Gómez (Estado de México) y Clara Brugada (Ciudad de México) también trabajarán en un decreto que considere a toda la zona como un Área Natural Protegida federal, para que sea la Nación quien ejerza la soberanía y jurisdicción, para recuperar las alteraciones provocadas por la actividad del ser humano y permitir a sus ecosistemas y funciones integrales ser preservadas y restauradas. De emitirse ese decreto, el bosque de agua se convertiría en el Área Natural Protegida más extensa del país, y se podría ofrecer la restauración y conservación de zonas que actualmente no son atendidas por las comunidades ni los gobiernos.
El pacto signado ayer en el Bosque de Chapultepec, no tendría que considerarse solo como una muestra de buenas intenciones; la presencia en el acto de alcaldes y funcionarios estatales y federales sugiere que todos los involucrados en la protección efectiva del Bosque de Agua están dispuestos a hacer lo que les corresponde en materia de orden jurídico, programas de desarrollo económico y agropecuario sustentable, apoyos sociales a las comunidades ubicadas en el área a protegerse, entre otras tareas que contribuirán a desacelerar primero y detener definitivamente en el mediano plazo, cada uno de los riesgos que amenazan al Bosque de Agua y con ello a la vida en la zona.
Aunque no de la extensión propuesta, hay muchas experiencias favorables que evidencian la capacidad de recuperación de los ecosistemas cuando se les permite; cada uno de esos experimentos pasa por el involucramiento decidido del gobierno, los científicos y sobre todo, las comunidades cuya acción resulta definitiva para permitir a las áreas su restauración natural. El proyecto que inició este martes tiene un reto mucho mayor, al tratarse de una extensión de esa magnitud, los actores que deberán convencerse e involucrarse son muchos más. Es el momento de formar conciencia en donde aún no la hay, por lo pronto, los gobiernos federal, estatales y municipales parecen tenerla.
