Las personas migrantes al igual que cualquier ciudadano del mundo son titulares de derechos humanos independientemente del lugar donde se encuentren y esto se reconoce en diversos instrumentos internacionales, a pesar de que no siempre se ve reflejado en las normas nacionales de cada país, pues las personas migrantes enfrentan desafíos y obstáculos para tener acceso a las medidas de protección social, que les permitan mejorar su calidad de vida. Algunos de los desafíos más comunes, son los siguientes:
Desafíos desde la perspectiva de las y los migrantes. Para acceder a derechos de protección social, las personas migrantes necesitan documentación como identificación o pruebas de su condición migratoria regular; Sin embargo, muchos carecen de estos documentos debido a sus circunstancias particulares (desplazamiento forzado, extrema pobreza, etc.,). Además, la diversidad de idiomas y culturas entre los países expulsores y los receptores complica la comunicación con autoridades y la comprensión del proceso para obtener apoyos de protección social.
Desde la perspectiva de la población del país de acogida. Desafortunadamente, cada vez más a menudo, la sociedad ve a la persona migrante como una competencia, derivado de que los recursos con los que cuenta su país para garantizar sus derechos y brindar protección social son insuficientes para los ciudadanos. Para esto es necesario promover un tránsito seguro de las personas migrantes por los países, una integración en la sociedad o un retorno asistido de ser necesario, lo que puede prevenir a la propagación de la xenofobia y establecer mecanismos que permitan a las personas migrantes acceder a la protección social.
Desde la perspectiva de los gobiernos. La falta de políticas migratorias para el acceso a la protección social en el elemento más grave. Es fundamental que cada país integre políticas migratorias inclusivas y efectivas en su legislación. La cooperación internacional juega un papel crucial en enfrentar estos retos, dado que los acuerdos bilaterales y multilaterales pueden ser una herramienta clave para el acceso a la protección social de las personas migrantes.
La protección social para las personas migrantes debe garantizar disponibilidad, nivel suficiente, accesibilidad y asequibilidad. La legislación de cada país debe contemplar el acceso a prestaciones cuando se necesiten, asegurando una cobertura adecuada en cantidad y duración para garantizar una vida digna. Sin embargo, la insuficiencia de recursos limita la atención a esta población. Además, las condiciones para acceder deben ser razonables, pero muchas normativas excluyen a migrantes, vinculando derechos a relaciones laborales, lo que dificulta su acceso. Finalmente, las prestaciones deben ser aumentadas, eliminando barreras económicas y administrativas, y asegurando un sistema inclusivo sin importar la situación.
En el estado de Morelos, es indispensable sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de implementar políticas públicas y normativas que protejan a las y los migrantes, considerando el contexto de la movilidad en la región. Si bien persisten debates sobre si los migrantes en situación irregular deben acceder a prestaciones sociales, como salud, educación o vivienda, estas inquietudes se fundamentan en varios aspectos. Primero, su estatus irregular implica el incumplimiento de requisitos administrativos de estancia legal. Segundo, proporcionar estas prestaciones requiere recursos estatales, lo que genera malestar entre algunos ciudadanos que perciben que sus impuestos benefician a quienes no contribuyen. Tercero, la priorización de las necesidades de la población local suele agravar la exclusión migrante. No obstante, los derechos humanos, como la seguridad social, son universales, imprescriptibles e inalienables, obligando a los Estados, incluido Morelos, a garantizar su progresividad, conforme a compromisos jurídicos internacionales y el respeto a la dignidad humana.
* Seguróloga social y Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.