Los diputados dejaron ir a Uriel Carmona Gándara, Fiscal General de Morelos de la entrevista que tuvo con los integrantes de la Comisión de Hacienda del órgano legislativo sin siquiera un cuestionamiento sobre la falta de resultados de su gestión que ha permitido niveles de impunidad superiores al 90 por ciento respecto de los crímenes que se denuncian en el estado.
Cierto que los legisladores pueden argumentar que el objetivo de la reunión era exclusivamente para aclarar la solicitud de incremento presupuestal de alrededor de 300 millones de pesos que la fiscalía busca para el año entrante; pero el ambiente se prestaba, especialmente considerando que solo un poco antes el Congreso de Morelos habría entregado la Presea Xochiquetzalli a Ixlol Preciado Bahena, activista a favor de los derechos de las mujeres y quien ha emprendido una vida de combate a la violencia de todo tipo en contra de ellas, la impunidad y la revictimización que se permiten en los órganos de seguridad, procuración y administración de justicia y condiciones a las que contribuye la Fiscalía de Morelos.
El congreso reunió a mujeres activistas cuya demanda en torno al castigo a las violencias es una de las más grandes deudas del fiscal de Morelos. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, la efectividad de la Fiscalía en la sanción de feminicidios alcanza apenas el 11 por ciento en los últimos cinco años, pero en el 2024, ha caído a apenas 6%. Si a ello se suma el aumento en casos de violencia de todo tipo contra las mujeres que registra Morelos, el trazo de una agenda urgente hecho por Ixlol Preciado justo ayer en la tribuna del Congreso cobra total sentido pues constituye un diagnóstico de quienes llevan años en la lucha por una vida libre de violencia y el resto de los derechos de las morelenses.
La ganadora de la Xochiquetzalli en 2024 demandó a los legisladores, además de otras cosas, legislare con perspectiva de género, erradicar la impunidad y garantizar que ningún caso de violencia contra las mujeres se quede en el olvido. Además, les recordó que de la sensibilidad y compromiso en las decisiones de los legisladores depende la vida de mucha gente.
Las colectivas aprovecharon las entrevistas en los pasillos para denunciar la ineficiencia de la fiscalía y otras autoridades que han sido incapaces de construir garantías de paz y ejercicio de los derechos de las mujeres. Pero no fueron las únicas, una organización de abogados también pidió a los diputados no permitir que el fiscal les tomar el pelo en la asignación presupuestal y recordaron la asignación de recursos para un helicóptero que finalmente no se adquirió.
Pero los señalamientos puntuales y las recomendaciones para la agenda legislativa aparentemente no fueron incorporados a la entrevista con el fiscal, se pasaron por alto y la entrevista transcurrió como si se tratara de un mero trámite. Queda esperar que el análisis del presupuesto para el órgano se haga considerando los resultados que ha obtenido y hasta incluya la pertinencia de que permanezca en el cargo alguien que ha fallado en mejorar sus resultados a pesar de los constantes aumentos al presupuesto para su institución.
Los diputados han prometido que el fiscal habrá de comparecer antes de que concluya el año. Esta vez el encuentro con los diputados será para rendir un muy aplazado informe semestral de actividades, ojalá la actitud de los legisladores en ese encuentro procure indagar más en cómo la Fiscalía General ha quedado a deber tanto a los morelenses y se tomen decisiones que, por mucho que se aplacen, siguen siendo urgentes.