En los últimos años, el estado de Morelos ha sido testigo de un incremento alarmante en el número de homicidios dolosos. Según datos oficiales proporcionados por el Gobierno de México, entre 2018 y 2023, durante el mandato de Cuauhtémoc Blanco como gobernador, la incidencia de este delito creció de manera sostenida, pasando de 693 casos en 2018 a 1303 en 2023. Estas cifras no solo representan un aumento significativo en comparación con periodos anteriores, sino que también exponen las fallas en el diseño y la implementación de políticas públicas de seguridad en la entidad.
La gestión de Cuauhtémoc Blanco estuvo marcada por una evidente falta de experiencia en la administración pública y, particularmente, en la elaboración de estrategias de seguridad. Desde el inicio de su gobierno, se observaron improvisaciones que derivaron en decisiones reactivas, poco articuladas y sin un diagnóstico profundo de las problemáticas de seguridad que enfrenta Morelos. Este panorama resalta la importancia de contar con líderes capacitados y equipos técnicos especializados en el diseño de políticas públicas, quienes sean capaces de basar sus decisiones en evidencia sólida y el análisis de datos.
El incremento de homicidios dolosos en Morelos no es un fenómeno aislado, sino el reflejo de un sistema de seguridad debilitado y sin dirección clara. La ausencia de un enfoque integral en la planeación permitió que la violencia se arraigara, afectando no solo la percepción ciudadana, sino también la calidad de vida de los morelenses. En lugar de trabajar en estrategias preventivas, como la mejora del tejido social, la profesionalización de las fuerzas policiacas o el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia, el gobierno estatal optó por la inacción o en el mejor de los casos por medidas superficiales que, en la práctica, resultaron ineficaces.
La experiencia de Morelos es un recordatorio contundente de la necesidad de profesionalizar el diseño de políticas públicas, particularmente en materia de seguridad. Esto implica adoptar enfoques basados en datos, con diagnósticos claros y estrategias articuladas, en lugar de depender de decisiones políticas o simplistas que ignoran la complejidad de los problemas de violencia y delincuencia. En un contexto en el que se tiene acceso a datos como nunca antes, resulta inadmisible que los gobiernos locales no hagan uso de herramientas de analítica avanzada para identificar patrones delictivos, medir el impacto de sus políticas y redirigir recursos de manera estratégica.
La analítica de datos, combinada con la experiencia en el diseño de políticas públicas, puede ofrecer soluciones concretas y medibles. Por ejemplo, los mapas de calor delictivo y las proyecciones estadísticas permiten anticipar áreas de riesgo y desplegar recursos de manera efectiva. De igual forma, los indicadores de desempeño pueden ser utilizados para evaluar en tiempo real las estrategias implementadas, ajustándolas según sea necesario. Sin embargo, estas herramientas solo son útiles si están en manos de profesionales con la capacidad técnica y analítica para interpretarlas y actuar en consecuencia.
En este contexto, el reciente cambio de administración en Morelos representa una oportunidad invaluable para corregir el rumbo. La nueva gobernadora tiene ante sí el desafío y, al mismo tiempo, la oportunidad de aprender de los errores de la gestión anterior. Hasta el momento, las señales que ha emitido sugieren un gobierno más sensible y preparado, con un enfoque orientado a entender las causas estructurales de la violencia y a implementar estrategias integrales. Si el enfoque de su gobierno se basa en el fortalecimiento institucional y el uso de datos para la toma de decisiones podría marcar el inicio de una nueva etapa para la seguridad pública en Morelos.
El caso de Morelos es una lección para todo el país: la falta de capacidad y de profesionalización en el diseño de políticas públicas tiene consecuencias graves y directas sobre la vida de las personas. Es imperativo que las administraciones actuales y futuras prioricen el uso de datos y evidencia para la toma de decisiones, y que se rodeen de equipos técnicos capacitados que puedan traducir esa información en acciones concretas. El futuro de la seguridad pública en México depende de ello.
*Profesor de El Colegio de Morelos
Imagen elaborada con Inteligencia Artificial, cortesía del autor
