Hoy 20 de noviembre se celebra el Día Universal de la Niñez, una fecha establecida por la ONU para conmemorar la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Este día ofrece una oportunidad para reflexionar sobre los retos en la defensa de los derechos de las infancias y adolescencias en el contexto mexicano, donde ellas y ellos enfrentan una serie de desafíos derivados de factores estructurales económicos y sociales, de lo cual resalta la urgencia de atender la situación de millones de niñas y niños que, aunque protegidos por un marco legal y tratados internacionales, enfrentan barreras que limitan el ejercicio pleno de sus derechos; desigualdad, violencia, falta de acceso a servicios de calidad, son algunos de los problemas que atentan contra el desarrollo integral de la niñez y adolescencia y constituyen violaciones a sus derechos humanos, donde 5.9 millones de las personas menores de seis años viven en situación de pobreza (CONEVAL, 2023).
En uno de los derechos fundamentales de la niñez -el derecho a la salud-, 6 de cada 10 niñas y niños menores de 6 años no tienen acceso a la seguridad social (CONEVAL, 2022), lo que implica un desafío crítico para que 7.4 millones de niñas y niños tengan servicios de salud; a esta carencia se abona que el 60% de niñas y niños de un año no cuenta con su esquema completo de vacunación (ENSANUT, 2022), lo que las y los expone a riesgos evitables que comprometen su salud y adecuado desarrollo.
México enfrenta altos índices de desnutrición infantil, principalmente en zonas rurales y comunidades indígenas, donde los recursos y servicios médicos son limitados. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2022), 1.3 millones de personas menores de 5 años padecen desnutrición crónica y además hay más de 700 mil casos de anemia en primera infancia.
En cuanto al acceso a una educación de calidad para niñas y niños, en México persisten importantes brechas educativas debido a las distancias geográficas, la falta de recursos y las carencias en infraestructura que limitan el desarrollo y el acceso a una vida digna para más de 2.0 millones de ellas y ellos, de entre 3 y 5 años que no asisten a preescolar (SEP 2022-2023).
La protección de los derechos de las infancias en México constituye un desafío crucial; la vulneración de derechos fundamentales como el derecho a la vida, la supervivencia, el desarrollo, una alimentación adecuada, el descanso y el esparcimiento, se ven especialmente transgredidos por el fenómeno social denominado trabajo infantil. Cada vez más personas menores de edad se ven obligados a trabajar, exponiéndose a riesgos físicos y donde limitan su acceso al juego y a un desarrollo holístico. Según datos de UNICEF (2022), aproximadamente 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes en México realizan labores que les impiden disfrutar de sus derechos más básicos. En muchos casos, las carencias económicas obligan a las infancias a asumir trabajos que restringen sus capacidades y desarrollo. Este problema estructural exige una respuesta coordinada entre los distintos niveles y órdenes de gobierno y la sociedad en su conjunto, con el fin de garantizar los derechos de este grupo poblacional en situación de vulnerabilidad.
La violencia se suma a las adversidades que enfrenta la niñez; México ocupa uno de los primeros lugares en violencia familiar, una situación que afecta principalmente a niñas, niños y adolescentes. La ENSANUT (2021) reporta que 5 de cada 10 niñas y niños menores de cinco años fueron sometidos a métodos de disciplina violenta, lo cual evidencia la falta de programas eficaces de prevención y de mecanismos de protección adecuados. Además 3,332 de personas menores de seis años han sido reportados como desaparecidos entre 2020 y 2023, de los cuales 1,083 siguen ausentes (Comisión Nacional de Búsqueda).
A pesar de que México firmó su compromiso con la Convención sobre los Derechos del Niño, los retos para implementar estos derechos siguen siendo significativos, entre las principales barreras se encuentra la falta de políticas públicas sostenibles y transversales que garanticen una atención integral a la niñez y adolescencia, así como la insuficiencia presupuestal destinada a programas de salud, educación y protección de todos sus derechos.
En el Día Mundial de la Infancia es imperativo recordar que los derechos de niñas, niños y adolescentes no son una cuestión de caridad o asistencia social, sino de titularidad de derechos que deben garantizarse para construir una sociedad justa y equitativa. México tiene obligación de trabajar en la protección de estos derechos para lograr que se desarrollen en un ambiente libre de violencia, con acceso a la salud, educación, participación, igualdad de género para alcanzar su pleno potencial. Promover una cultura de derechos humanos implica que la sociedad, las instituciones de gobierno y el Estado, así como las comunidades y familias, participen activamente en la protección de las infancias y adolescencias.
* Profesor universitario y especialista en derechos humanos
