La diputada Ruth Rodríguez López (NA) es puntual en el señalamiento, más allá de la revisión legal que tendría que hacerse sobre la solicitud de pensión por cesantía en edad avanzada solicitada por el exdirector del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, Eliacín Salgado de la Paz, la petición es inmoral.
La presidenta de la Comisión de Educación del Congreso de Morelos comparó la pensión que se podría autorizar a Salgado de la Paz, poco más de 32 mil pesos mensuales, con las que reciben maestros jubilados que, en efecto han dedicado toda su vida a formar generaciones en los planteles de educación básica, de entre tres y cuatro mil pesos. El comparativo podría parecer artificial para quienes asumen que los altos cargos de la función pública tienen muchos mayores grados de responsabilidad; sin embargo, evidencia el sentimiento de miles de trabajadores de la educación, docentes y administrativos, jubilados y en activo, que padecieron la gestión del exdirector del IEBEM y el daño que provocó a los trabajadores y a los estudiantes de Morelos por sus abusos y omisiones, todos ellos denunciados por el magisterio y consignados por los medios de comunicación.
Salgado de la Paz no había trabajado, antes de 2018 en la educación básica de Morelos; previo a ser nombrado por su amigo, el exgobernador Cuauhtémoc Blanco como el responsable de la administración educativa, había colaborado con él por poco menos de tres años como coordinador de asesores en el Ayuntamiento de Cuernavaca, antes había sido maestro en un centro de bachillerato tecnológico para el que tuvo una plaza federal, varios años, por cierto, comisionada a la sección 19 del SNTE en Morelos. Es decir, la legalidad de su solicitud de pensión estaría en duda, pero no sería la primera irregularidad en la asignación de pagos por cesantía o jubilación que concediera el Congreso de Morelos.
Lo que sin duda puede censurarse de la petición es la inmoralidad que reviste, no solo porque hay dudas enormes sobre la antigüedad laboral del solicitante, sino porque el tiempo que estuvo en el área a la que demanda pensionarlo fue breve y su gestión como funcionario público lesionó directamente a la educación y dio un uso político faccioso al cargo, al magisterio, a los estudiantes, con lo que contravino la esencia de la vocación magisterial y de la función pública.
Porque el magisterio no olvida la acumulación de adeudos por la indebida retención de salarios y prestaciones, la asignación discrecional de plazas -de las que incluso se sospecha hubo un comercio ilegal-, la negativa de dar el servicio educativo a personas con discapacidad, las omisiones en el mantenimiento de infraestructura escolar que se convirtió en un riesgo para los menores, la coacción política sobre el magisterio, la indolencia para aplicar protocolos de seguridad en escuelas ubicadas en zonas de riesgo por la inseguridad o por desastres naturales, entre otras conductas que, vistas en conjunto no pueden considerarse errores, sino un estilo de mando autoritario y dirigido a objetivos muy alejados de la educación de las infancias y juventudes de Morelos.
El enojo de la diputada maestra, Ruth Rodríguez, lo comparten cientos de maestros que lejos de solo alegrarse porque la administración de Cuauhtémoc Blanco en el gobierno estatal y la de Eliacín Salgado en el IEBEN, han concluido, ahora esperan con indignación un probable fallo favorable que autorice la pensión a quien dañó por seis años al magisterio, el alumnado, los padres de familia, y la educación en Morelos.
En el terreno de los mundos paralelos, si el exdirector del IEBEM hubiera ejercido su función con responsabilidad y altura de miras, es muy probable que muy pocos criticaran su intención de pensionarse con cargo al presupuesto de la educación de Morelos.
Más grave aún, el caso de Eliacín Salgado de la Paz no es el único. Por lo menos una decena más de exfuncionarios con altos grados en la administración pública han solicitado al Congreso pensionarse, ya sea por jubilación o por cesantía en edad avanzada; es algo que la ley les permite y que tendría que revisarse, especialmente al considerar la enorme carga que el Estado tiene ya en el presupuesto para pensiones que, en algunas instituciones públicas está a punto de alcanzar el monto de la nómina de los trabajadores en activo.
