40 mil millones de pesos y tres pendientes en materia presupuestal
Si al final se confirman los cálculos de la gobernadora, Margarita González Saravia, y la secretaria de Hacienda, Mirna Zavala Zúñiga, el presupuesto del gobierno de Morelos para el 2025 rondará los 40 mil millones de pesos, alrededor de 12% (4 mil 353 millones) mayor al año que está por concluir.
El incremento sería relevante porque absorbe el impacto de la inflación que rondará el 10 por ciento para el final de este año, además, los presupuestos de los poderes Legislativo y Judicial se proyectan en el mismo orden que el año anterior, lo que significaría que prácticamente el total de los recursos podría ser distribuido a inversión del Ejecutivo en una larguísima lista de necesidades, algunas ya esbozadas como atendibles por la gobernadora, entre ellas el aumento a los policías, el refuerzo al equipamiento para seguridad pública, el apoyo al campo, a la salud, a la infraestructura educativa, la rehabilitación de caminos, la dotación de más obra pública, la puesta en marcha del aeropuerto Mariano Matamoros, entre otras.
Se estima que otros entes públicos gastarán lo mismo en el 2025 que en este año, así que sirve recordar que el presupuesto de 2024 asignó al Poder Legislativo 584 millones de pesos; al Judicial 916 millones 443 mil 549 pesos; a los tribunales 102 millones 509 mil 823 pesos; para organismos públicos autónomos fueron 2 mil 712 millones 430 mil 453 pesos; y los organismos descentralizados no sectorizados recibieron 25 millones 399 mil 174 pesos.
Cierto que puede haber variantes de relevancia en los órganos autónomos, por ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos seguramente tendrá más de los mil 248 millones de pesos que le fueron destinados en 2024, pero esos recursos podrían llegar, por ejemplo, de la reducción que tendrían los órganos electorales al tratarse el 20254 de un año en que no hay procesos comiciales mayores.
Así que es muy probable que el aumento al presupuesto del gobierno de Morelos se dedique por entero a los proyectos del equipo de la gobernadora para el desarrollo de Morelos, algunos de ellos apoyados también con partidas especiales de recursos federales, como el de aprovechamiento del agua, el circuito carretero y el turismo comunitario.
De hecho, si los 4 mil 353 millones de pesos que aumentaría el presupuesto se pueden manejar con cierta libertad, de ahí podrían venir los 700 millones de pesos de apoyo al campo que ofreció la gobernadora en campaña y reiteró ya en el cargo.
Pero, aunque es muy pronto para ponerse exigentes, convendría no perder de vista los tres grandes pendientes en materia presupuestal que tiene Morelos: volver más eficiente el gasto público, recaudar más y de manera más justa y eficaz, y recuperar los recursos millonarios que se pierden por esquemas de corrupción.
El primer tema parece atenderse ya con el discurso de austeridad que caracteriza a la administración de González Saravia, sin embargo, tendrían aún que verificarse dos condiciones: primero, que la austeridad efectivamente se aplique en todos los rubros en que sea pertinente; y segundo, que los ahorros no signifiquen comprometer gastos necesarios para la atención que el gobierno debe brindar a la ciudadanía. Es decir, austeridad más como un proceso administrativo que contable; que destine los recursos racionalmente a las necesidades ciudadanas. Los ahorros mal entendidos a la larga multiplican los gastos y reducen la calidad de los servicios públicos, algo absolutamente inadmisible en las condiciones actuales de Morelos.
El segundo es un tema que podría parecer delicado porque la única manera que tienen los gobiernos para recaudar recursos es la vía del cobro de impuestos, derechos y tarifas a los servicios públicos, algo siempre impopular. Sin embargo, en el estado hay enormes áreas de oportunidad, particularmente si se reconoce que, en el primer semestre del 2024 el 67% de la fuerza laboral trabajaba en condiciones de informalidad, lo que significa que no hacían contribuciones más allá de los impuestos sobre el gasto que van a la recaudación federal. Reducir la informalidad laboral mediante esquemas sencillos y accesibles, puede ampliar la recaudación y ofrecer beneficios a los nuevos contribuyentes. No es un asunto sencillo y tampoco se hará de inmediato, pero el regularizar a quienes laboran o emprenden en condiciones de informalidad podría por lo menos duplicar el ingreso que Morelos recibe de su planta productiva.
Recuperar los millones que Morelos ha perdido por actos de corrupción es otro de los pendientes. Son dignos de reconocerse los esfuerzos que, a través de la digitalización de los trámites gubernamentales se hacen para reducir los riesgos de corrupción y hacerlos menos costosos, para la ciudadanía y el gobierno. Pero no es suficiente si pensamos en los exfuncionarios que han saqueado al estado en sus arcas y bienes muebles e inmuebles; la cárcel es un castigo merecido a sus conductas, pero está muy lejos de reparar el daño que hicieron al patrimonio local. El estado debería esforzarse mucho más por recuperar los recursos y los activos que fueron adquiridos con dinero de la ciudadanía, existen los esquemas, pero sin duda son excesivamente complejos, vale la pena revisar la legislación para emprender la cacería de los bienes producto de la corrupción en Morelos, que no son pocos.
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