(Segunda parte)
Aideé Tassinari Azcuaga
Las juezas que integran el Juzgado de Sentencia del Distrito de Sensuntepeque, Departamento de Cabañas emitieron su falló a las 11:45 horas del 18 de octubre de 2024. Los cinco ambientalistas del pueblo de Santa Marta fueron absueltos del supuesto delito de lesa humanidad. No era una acusación cualquiera. Era la peor posible. Se evidenció cómo la fiscalía armó esa acusación para castigarlos durante 21 meses, privándolos de la libertad.
Una de las críticas constantes a la fiscalía salvadoreña ha sido que, en lugar de investigar crímenes de guerra cometidos por el ejército salvadoreño durante la guerra civil, que no han sido investigados, se ensaña con las personas que defiende los bienes comunes como el agua y los territorios libres de minería. Aún se adeuda a decenas de miles de víctimas una investigación a ese ejército por las masacres perpetradas a los pobladores de Santa Marta y comunidades aledañas. Así como la masacre de El Mozote en la que militares salvadores entrenados por oficiales norteamericanos mataron a casi mil civiles en siete poblados. La mitad de ellos eran niños. La estrategia militar de tierra arrasada aplicada durante los años ochenta hacia la población campesina en El Salvador es un delito de lesa humanidad que sigue impune. Es una deuda histórica del ejército salvadoreño y los órganos castrenses de otros países que lo apoyaron y lo entrenaron en ese período.
Alejandro Laínez, Antonio Pacheco, Pedro Antonio Rivas, Saúl Agustín Rivas y Miguel Ángel Gámes salieron por la puerta del juzgado para encontrarse con la comunidad que los acompañó durante casi dos años en que estuvieron encarcelados. Era cientos de personas de Santa Marta y diversas organizaciones que resistieron, con ellos, dos años de maltrato e injusticia. Los ambientalistas estuvieron presos 21 meses, ocho de ellos en condiciones monstruosas en las cárceles modelo que ha creado el presidente Bukele. Modelo de confinamiento humano de carácter privado en el que la detención de seres humanos es un negocio más. Antonio nos relató que las condiciones de esos penales son inhumanas. La cantidad de comida que se le da a cada persona presa es un tercio de lo que debe comer una persona, pero el penal privado cobra 10 dólares al gobierno por los alimentos de cada individuo. Buen negocio si se multiplica por las 80 mil personas confinadas e incomunicadas. Una proporción importante de ellas enferma y muere cotidianamente. Muchas de ellas no son parte de las pandillas criminales a las que, se supone, puso fin Bukele.
A pesar del negocio carcelario, una fiscalía al servicio de la criminalización y del estado de excepción impuesto por el gobierno desde 2023, fue posible enfrentar legalmente esta vicisitud. Salieron libres los cinco de Santa Marta gracias a una comunidad vital, solidaria y, sobre todo, que mantiene su territorio como “espacio de arraigo comunal” en el que, aunque parezca difícil, se enfrenta al capitalismo en su “fase apocalíptica”, como dice Rita Segato.
A la espera de que salieran los cinco compañeros liberados se encontraba Vidalina Morales, la Presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES). Es reconocida como la lideresa de Santa Marta. Sostiene en alto una bandera de ADES y en la otra un cartel con la fotografía de los cinco compañeros. Un periodista le pregunta: Vidalina ¿qué significa este triunfo para el movimiento antiminero en El Salvador? Vidalina No baja sus brazos mientras habla con vehemencia. “Se ha hecho justicia, es un paso muy importante, sabemos que con la lucha organizada se alcanzan grandes logros, esto es lo que lo que hemos visto en esta lucha de 21 meses por la libertad de nuestros compañeros. Este un paso trascendental en la historia, una vez más, Cabañas dice ¡aquí estamos compañeros!, seguimos avanzando en esta defensa colectiva por la vida, en esta defensa colectiva por nuestros derechos humanos, por nuestros bienes comunes de la naturaleza. Hemos ganado esta batalla compañeras y compañeros pero seguimos enfrentando a estas transnacionales mineras que tienen todo el poder pero no tienen la razón, la razón la tiene el pueblo que cuida, que defiende sus legítimos derechos, esto es lo que hemos avanzado”.
