Las políticas públicas que sólo atienden un síntoma de cada problema han estado condenadas siempre al fracaso.
En el caso de la situación de vulnerabilidad ante el crimen que padecen los estudiantes universitarios en Morelos es un ejemplo de cómo se manifiestan y deberían atenderse los problemas públicos.
Los riesgos para las comunidades universitarias estaban siendo atendidos conforme a las agendas de los gobiernos estatal y municipales, y en el caso de la UAEM, por la rectoría. Se trata de agendas complejas que incluyen muchos asuntos y aunque no descuidaban el de la seguridad universitaria, tampoco era su prioridad.
Las dinámicas sociales (particularmente de relaciones estudiantiles) convirtieron los riesgos en dos tragedias, los feminicidios de Kimberly y Karol, en un espacio de tiempo extraordinariamente corto, lo que obligó a compactar los tiempos y dirigir la atención al diseño de estrategias de seguridad que se convirtieron en prioritarias en las agendas. En paralelo, las movilizaciones estudiantiles, aún sin establecerse una mesa formal de diálogo, fueron escuchadas lo que permitió la incorporación de muchos de los planteamientos estudiantiles en cada uno de los proyectos de seguridad.
La gobernadora Margarita González Saravia presentó un Plan Integral de Seguridad fundado en un diagnóstico correcto de la realidad que padecen los universitarios. No se trata de un análisis nuevo, se funda en datos de inteligencia recabados por más de trece meses que permiten ofrecer un tratamiento puntual de los problemas que padecen las comunidades universitarias que incluyen los riesgos a las que están expuestas por sus ubicaciones y demografías, pero también los que ellas mismas procuran con sus hábitos y conductas.
Por eso el proyecto incluye la dotación de infraestructura en materia de seguridad, como módulos, sistemas de videovigilancia, luminarias y senderos seguros; pero también programas de intervención en las comunidades estudiantiles para detectar casos de violencia y prevenir las conductas antisociales.
Y es que, si bien la demanda de justicia en los casos de Kimberly y Karol parece cumplible en el mediano plazo (porque así es la procuración y administración de justicia); el atender sólo esa parte del problema sería permitir que hechos tan lamentables se repitieran. Aunque es la parte más dolorosa del problema, los feminicidios son un síntoma de una realidad muy preocupante, las condiciones de vulnerabilidad de la comunidad estudiantil contra el crimen y la violencia muchas veces provocada desde dentro de ellas.
El Plan Integral de Seguridad Universitaria es la primera propuesta de que se tiene registro para atender las añejas vulnerabilidades de la juventud estudiosa y de los trabajadores universitarios. Pero requerirá el consenso de las comunidades estudiantiles, los académicos, administrativos y las autoridades universitarias para que funcione.
El despliegue de planteamientos podría parecer a algunos puristas un atentado a la autonomía universitaria. En otros tiempos y circunstancias probablemente así sería, pero las condiciones actuales obligan a soluciones mucho más creativas y colaborativas. El aislamiento universitario en aras de la autonomía se volvió un pretexto para que el Estado abandonara los campus a su suerte; las autoridades universitarias no son policías por lo que es imposible pedirles una mayor vigilancia y protección de la que ofrecen comúnmente. La coordinación es obligada mientras el riesgo exista y, según apunta la sociedad, los peligros de hoy difícilmente se irán.
