La vinculación a proceso del joven acusado de la desaparición y feminicidio de la estudiante universitaria, Kimberly Ramos, es apenas el inicio en la que podría ser una larga ruta para hacer justicia. Pero es un buen inicio.
Por supuesto que la sociedad en general tiene una larga experiencia en pifias de las autoridades en las investigaciones criminales del pasado que eran parte de un enorme escenario de dolorosa impunidad, particularmente en los delitos contra las mujeres.
Las gestiones de la Procuraduría General de Justicia y luego de la Fiscalía General del Estado, hasta hace 13 meses, habían sido ineptas y omisas en el tratamiento de prácticamente todos los delitos, pero mucho más en los casos de feminicidios y otras formas de violencia contra las mujeres. La desesperanza en Morelos se ha manifestado en las calles, bordado, pintado en las paredes, gritado en las aceras, escrito en oficios sin respuesta y acumuló una dolorose afrenta en la sociedad.
A ese escenario hay que sumar el miedo que se ha provocado en la comunidad universitaria a partir de los asesinatos de dos de sus mujeres jóvenes estudiantes para entender la enorme desconfianza que privaba sobre la solución de ambos casos.
En los últimos trece meses las cosas han empezado a cambiar. Las propias colectivas feministas y de buscadoras de personas han reconocido una nueva dinámica en las relaciones con la Fiscalía General del Estado, pero también en los primeros resultados que ha ofrecido.
En el caso de la estudiante universitaria, Kimberly Ramos no sólo se detuvo a un presunto responsable de los hechos en tiempo récord, además se continúan las líneas de investigación y se reconoce que, en caso de haber existido alguna omisión por parte de las autoridades habrá las investigaciones que deriven en sanciones. La vinculación a proceso del presunto responsable se dio gracias a la cantidad de pruebas aportadas por la Fiscalía; y se mantiene abierta la investigación por la posibilidad de que hubieran participado otras personas en la comisión del delito.
El reclamo social por justicia siempre es legítimo. Se trata de una deuda añeja del Estado en México y particularmente en Morelos. Pero a juzgar por los primeros resultados en la investigación del caso Kimberly, parece que esa justicia podría empezar a construirse.
La Fiscalía también empieza a generar resultados en la investigación del feminicidio de Karol Toledo; sin embargo, y esto es muy importante, la difusión de los resultados de esas indagatorias deberá esperar en respeto al debido proceso, una cuestión fundamental para cerrar efectivamente los casos y evitar la impunidad.
En tanto, la desinformación parece seguir aumentando el miedo de parte de la comunidad universitaria, expuesta primordialmente a contenidos de redes sociales y medios ávidos de likes. La demanda de justicia y seguridad de los universitarios es legítima, pero solo puede cumplirse a cabalidad mediante un diálogo pacífico, ese es el pendiente que continúa.