¿Para qué una reforma electoral?
Es un autoengaño colectivo insistir en la idea de que la democracia se reduce a combinar tres elementos: partidos políticos, candidatos y elecciones. Hay sobrada evidencia, corroborada por el sentir de mucha gente, de que esa fórmula sólo responde al mantenimiento de un estado de cosas favorable sólo a los poderes fácticos de las sociedades modernas, utilizando para ello a políticos oficiosos.
La democracia representativa como la conocemos y practicamos se ha convertido en un espectáculo recurrente que sólo sirve para neutralizar el auténtico poder ciudadano, promoviendo la división social, alimentando la ilusión de las personas, y con el agravante de utilizar los recursos de la propia sociedad para ese propósito.
En efecto, un reducido número de personas son las que fijan las reglas y las condiciones para la participación ciudadana en el espectáculo de la democracia electoral, fetiche oficial del anhelo de vivir en una sociedad de personas libres. Lo único que esas personas necesitan, por un lado, es controlar la configuración y operación de las estructuras burocráticas creadas para ello; y por otro, disponer del dinero necesario para alquilar a los medios de comunicación de alto impacto y cobertura, tradicionales y digitales, para que cumplan una doble función: difundir información superficial y persuadir a la opinión pública de la bondad de las narrativas construidas por los partidos políticos, para lograr el apoyo electoral de sus respectivos candidatos.
En efecto, durante las campañas, los lemas, consignas y promesas, presentadas con formato comercial sustituyen al diálogo y debate público a profundidad sobre los temas que realmente son importantes para la sociedad.
El espectáculo de la democracia electoral responde sólo a la lógica de los grupos burocráticos que están las estructuras de poder formal, y de los que quieren acceder a ellas. Es la fiesta de los “políticos”, a la que por necesidad protocolar tienen que invitar a los ciudadanos para que participen, bajo reglas y condiciones que ellos legalmente les imponen.
El armado del “tinglado democrático” se compone de diversos elementos, como, por ejemplo, los requisitos para formar un partido político, los mecanismos de organización del proceso electoral, el perfil y atribuciones de los jueces de la contienda electoral, los límites a los que están sujetos los servidores públicos en funciones, y las reglas del financiamiento electoral; todo lo anterior, según se afirma, para asegurar la debida legalidad y la equidad en la competencia.
La definición de estos elementos son la materia prima de trabajo de las burocracias partidistas y de sus respectivas contrapartes en las estructuras de los tres poderes y órdenes de gobierno. Es el terreno de juego natural en donde se define cuál de las burocracias partidaristas permanece o pasa a ocupar los puestos de poder formal de la sociedad. Cuando todo eso se articula de manera adecuada, es cuando se afirma que se vive en democracia; aunque en realidad no es más que la definición de procedimientos para elaborar el menú que los ciudadanos deben consumir en las elecciones.
En la narrativa oficial, la función central de la democracia electoral es la de la representación social, vía los partidos políticos. Se nos ha planteado que esa figura organizativa es la mejor fórmula hasta ahora conocida para darle cabida y espacio a la diversidad de pensamiento que existe en toda sociedad, amén de darle cumplimiento al derecho individual de votar y ser votado; y para ello, también se debe asegurar que los participantes tengan el dinero suficiente para existir como partidos políticos y para financiar las campañas electorales de sus candidatos.
Estas dos premisas claves, la de la representatividad y la del financiamiento, sobre las que se construye el tinglado democrático son totalmente cuestionables. En efecto, se justifica la existencia de partidos políticos en el hecho de que cada uno de ellos tienen visiones distintas sobre la razón de ser de vivir en sociedad y sobre cuál es la mejor manera de procurar el bienestar colectivo, lo cual se supone que queda reflejado en su plataforma de principios, en sus promesas de campaña, y, de ganar, en su plan de gobierno.
Amén de que en las campañas electorales no se crean los mecanismos para obligar a un auténtico debate entre los partidos políticos sobre el diagnóstico y la solución de los problemas sociales, es totalmente absurdo pensar que una sociedad puede modificar en cada elección su visión deseable de sociedad, así como el diagnóstico y la solución de los problemas sociales. Una democracia efectiva, que habría de construirse, es la que permita que en efecto la sociedad se organice de manera consciente y colabore conjuntamente para lograr objetivos de bienestar integral que sólo son posibles de alcanzar en el mediano y largo plazo. La democracia no es un conjunto de normas y procedimientos para avalar, mediante las elecciones, el cambio periódico de burócratas, asegurando que tengan algún puesto o función los representantes de todos los partidos políticos participantes. Menos aún, cuando esa repartición de puestos se hace sin que exista un mínimo control de la calidad ética y de las capacidades de quienes los habrán de ocupar.
Ante la inexistencia de una democracia real, la disputa por el monto financiero a repartir entre los diferentes partidos políticos contendientes suena a un cinismo sin límites. Una verdadera reforma electoral debería abonar al diseño de un cambio total del modelo de democracia que conocemos.
*Interesado en temas de construcción de ciudadanía.
