La discusión sobre la Nueva Ley de Aguas ocurre en un momento crucial. Mientras se promete garantizar el derecho humano al agua, también se reabre el debate sobre la posible expansión del fracking en distintas regiones del país. Esta técnica, basada en la inyección de millones de litros de agua mezclada con arena y químicos a alta presión para fracturar formaciones rocosas, implica riesgos documentados para acuíferos, suelos y salud comunitaria.
El fracking no solo compite por volúmenes significativos de agua en territorios ya afectados por estrés hídrico; también genera aguas residuales con metales pesados y compuestos tóxicos que pueden infiltrar mantos freáticos. Diversos estudios internacionales han asociado su expansión con aumento de padecimientos crónico-degenerativos, as como con posibles efectos neurológicos en poblaciones cercanas.
En este contexto, la apertura anunciada por el gobierno federal obliga a preguntarnos si la nueva legislación priorizará la soberanía hídrica y la protección sanitaria, o si terminará subordinando el agua a intereses energéticos de corto plazo. La incertidumbre no es solo jurídica o económica: es ambiental y epidemiológica. La política hídrica no puede desligarse del derecho a la salud.
