Denisse Andrea Quiroz Flores1
La Nueva Ley de Aguas representa un punto de inflexión en la política hídrica de México, su discusión ha abierto profundos debates sobre el paradigma de gestión que se pretende consolidar, no es un simple ajuste técnico: es una disputa política por el control de un bien común vital para la existencia del ser humano y de las especies con las que cohabitamos el planeta. Enfatizando que la crisis del agua no es natural, surge de un paradigma extractivista que contamina y excluye. En este contexto afirmamos que el origen no es la escasez, “no es sequía, es saqueo”.
En la Nueva Ley de Aguas podemos encontrar avances que pueden ser apropiados por comunidades, movimientos sociales y defensoras del territorio para disputar el paradigma hídrico dominante. Su potencial transformador no está solo en el texto, sino en la correlación de fuerzas que logre sostener su implementación, aunque prioriza el consumo humano, no revierte de manera estructural la concentración de concesiones en manos de grandes industrias, agroexportadoras y mineras. Presentada como solución, esta ley corre el riesgo de profundizar un modelo que prioriza la lógica del mercado sobre el derecho humano al agua.
La Nueva Ley de Aguas no redefine el modelo hídrico dominante: lo administra. El verdadero debate no es legal, sino político: si el agua seguirá siendo gestionada como mercancía estratégica o como bien común indispensable para la vida. La Nueva Ley de Aguas no debe asumirse como un punto de llegada, sino como un terreno en disputa. Su potencial transformador dependerá de la vigilancia social, los mecanismos que garanticen la participación social real y vinculante, así como la organización comunitaria y la presión política para que el agua deje de administrarse de acuerdo con la lógica del mercado y sea reconocida como un bien común.
