Josemanuel Luna-Nemecio1 / Fleur Gouttefanjat2
La discusión sobre la Nueva Ley General de Aguas en México se ha intensificado en los últimos meses a partir del anuncio de foros legislativos, pronunciamientos de organizaciones sociales y la expectativa de que el Congreso retome una reforma largamente postergada. Colectivos ciudadanos, comunidades, académicos y autoridades locales coinciden en que el país enfrenta simultáneamente sobreexplotación de acuíferos, conflictos por concesiones, contaminación de fuentes y profundas desigualdades en el acceso, situación que ha colocado el tema hídrico en el centro del debate público nacional y en la agenda política inmediata.
Este debate no es meramente técnico ni administrativo: define la forma en que Estado, mercado y sociedad se relacionarán con un bien común indispensable para la vida y la estabilidad territorial. En un contexto de crisis hídrica creciente, deterioro de cuencas y presión urbana e industrial sobre el agua, una nueva legislación representa una oportunidad histórica, pero también un escenario de tensiones, riesgos e incertidumbres. El desafío principal consiste en romper con la inercia del modelo neoliberal que durante décadas subordinó la gestión del agua a la rentabilidad económica, la privatización encubierta y la mercantilización del servicio.
Aunque el discurso oficial reconoce el agua como derecho humano, en la práctica persisten marcos normativos y administrativos que favorecen la concentración de concesiones y el uso intensivo por grandes actores industriales, inmobiliarios o agroexportadores, trasladando los costos socioambientales hacia comunidades rurales, pueblos originarios y periferias urbanas. A ello se suma un problema de gobernanza: sin mecanismos efectivos de participación social vinculante, transparencia en la asignación y revisión de concesiones, y control público sobre la infraestructura estratégica, la reforma podría reproducir la misma gestión tecnocrática que ha demostrado sus límites frente a la complejidad territorial del problema hídrico. La incertidumbre no radica únicamente en el contenido de la ley, sino en su implementación sin captura corporativa ni simulación institucional.
La coyuntura política obliga además a evaluar si la administración de Claudia Sheinbaum logrará desmontar los esquemas neoliberales aún presentes en el aparato hídrico del Estado. La continuidad de megaproyectos, expansiones urbanas intensivas en agua o esquemas de asociación público-privada podría contradecir el objetivo de garantizar el agua como bien común y derecho efectivo.
Construir una verdadera soberanía hídrica implica priorizar el consumo humano y ecosistémico, fortalecer la gestión comunitaria y municipal, restaurar cuencas, proteger zonas de recarga y orientar la política pública hacia la justicia hídrica territorial. La nueva ley será relevante si redistribuye poder, protege territorios y garantiza de manera efectiva el derecho al agua. Para ello se requiere financiamiento público suficiente, fortalecimiento de capacidades locales, sistemas de información abiertos y una política de ordenamiento territorial que limite la sobreexplotación, sancione la contaminación y promueva soluciones locales de captación, tratamiento y reúso con participación social real, informada y permanente.
