Este viernes se cumplirán siete años de que el activista Samir Flores Soberanes fue asesinado fuera de su casa en Amilcingo, municipio de Temoac; un día antes la víctima se había enfrentado verbalmente con autoridades federales y estatales a quienes les reiteraba el rechazo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua, y de otras organizaciones campesinas, al Proyecto Integral Morelos, que incluye la termoeléctrica de Huexca y un gasoducto para alimentarla.
La Fiscalía General del Estado, entonces a cargo de Uriel Carmona Gándara, descartó muy pronto el probable móvil político del crimen. Apenas cinco horas después del ataque, alegaba que se trataba de un homicidio relacionado con el crimen organizado, pero días después perdió la prueba en que basaba esa hipótesis. El 28 de febrero la propia fiscalía aseguraba que había seis líneas de investigación en el caso, incluido el móvil político, su labor como comunicador, su activismo y hasta un problema laboral con el ayuntamiento de Temoac. Tuvo que pasar casi un año para que los agentes de la Fiscalía fueran al lugar del crimen para buscar más indicios.
Hasta el 2021 se dio a conocer la detención de uno de los tres o cuatro (según la propia fiscalía), que participaron en el ataque a Samir Flores. Otro de los asesinos fue asesinado en Puebla y uno más desapareció. El detenido, según se supo después, ya estaba en prisión hacía más de un año acusado de otro delito.
La lentitud en cada etapa de la investigación, el evidente desinterés de las autoridades por esclarecerlo y la falta de voluntad por explorar todas las líneas de investigación, explican no sólo el que hasta casi siete años después haya iniciado el juicio contra el único detenido relacionado con el caso; sino también el descrédito alrededor de la investigación a la que amigos de Samir Flores ubican como un guion preparado por el exfiscal Uriel Carmona Gándara para evitar explorar todas las líneas de investigación, particularmente la que involucra al exgobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y el exrepresentante del gobierno federal en Morelos, Hugo Eric Flores Cervantes.
Por sus características, el homicidio de Samir Flores Soberanes ha dado la vuelta al mundo y ha convertido a aquél serio, pero simpático activista de Amilcingo, en un símbolo de resistencia de los pueblos y de defensa de la tierra y la naturaleza. Solo por esa visibilidad a todos los involucrados, pero también a los gobiernos estatal y federal y a la Fiscalía General de Morelos, debería interesarles el que se aclaren todos los hechos que fueron ocultados por una investigación mal hecha desde el principio, por incapacidad o por dolo.
Porque además de la justicia que merecen todas las víctimas, en el caso de este asesinato hay componentes de Estado que son extraordinariamente relevantes y desde hace siete años hablan muy mal de cómo en Morelos y en México se trata a los activistas y a la resistencia. Pues aún si no hubiera un móvil político en el asunto, la cantidad de desprecios, desdenes, omisiones, insultos, que han recibido los deudos de Samir evidencian el escaso interés que despiertan para la autoridad los crímenes en contra de quienes alzan la voz para oponerse, criticar, señalar, e incluso defenderse.
Vale la pena entonces revisar profundamente todo el caso, indagar sobre los probables responsables e involucrados; sancionar a quienes tengan responsabilidad material e intelectual en el homicidio; pero también a los que, con acciones y omisiones han retardado, desviado, y pervertido una investigación de la que urgen respuestas, desde hace siete años.