Hertino Avilés Albavera[1]*

La libertad de expresión es un derecho fundamental cuyo alcance se define tanto por la norma como por el contexto social, Desde una perspectiva jurídica, la libertad de expresión se concibe como una garantía que permite difundir opiniones, información e ideas. Sin embargo, el ejercicio de este conlleva reacciones sociales puesto que opinar implica asumir un lugar, y ese lugar está atravesado por expectativas, jerarquías y normas no escritas que operan con la misma fuerza que las disposiciones formales.

El problema surge cuando se observa la distancia entre la norma y la realidad, entre lo que la ley permite decir y lo que el entorno social tolera escuchar, opinar implica ocupar un lugar en el espacio público ya sea en una oficina, una escuela o una comunidad.

Cada contexto social establece normas implícitas sobre lo que se puede decir y cómo decirlo. No están escritas en ningún reglamento, pero operan con eficacia, se aprende rápidamente qué temas incomodan, qué críticas no se toleran y qué silencios se esperan. Así, lo legalmente permitido puede convertirse en socialmente sancionado. No hace falta una prohibición formal para limitar la expresión, basta con que existan consecuencias.

En este escenario, el miedo cumple una función central, el temor a perder el empleo, a ser señalado, excluido actúa como un mecanismo de control del discurso. El silencio, entonces, no siempre es indiferencia o falta de opinión, muchas veces es una estrategia de protección. La autocensura no surge solo de la debilidad individual, sino de un aprendizaje colectivo.

Este fenómeno no se limita a las personas que optan por guardar silencio, cuando el miedo condiciona la expresión, el intercambio de ideas se vuelve más limitado, disminuyen las posturas críticas, se toleran prácticas que deberían cuestionarse y se genera una percepción de acuerdo que no siempre corresponde a la diversidad de opiniones existente, caso muy común en el contexto social y político, pues la falta de desacuerdo no implica estabilidad, sino que en muchos casos refleja un entorno donde expresarse resulta riesgoso.

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  1. * Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; comisionado presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y profesor universitario con trayectoria de 30 años.

La Jornada Morelos