

El reciente bombardeo de Caracas confirma que el imperialismo del siglo XXI no ha cambiado de métodos, solo de escenarios. Parafraseando a Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), el 3 de enero de 2026 quedará grabado como una fecha en la infamia para América Latina y para el continente. En la madrugada de ese día fuerzas militares de Estados Unidos lanzaron una serie de bombardeos sobre Caracas y demás ciudades, atacando infraestructura estratégica y puntos clave de la capital venezolana. El resultado fue una operación relámpago en la que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron secuestrados y trasladados a Estados Unidos, según informó Washington, en un acto que tanto Caracas como diversos gobiernos del mundo han denunciado como una violación flagrante de la soberanía venezolana y del derecho internacional.
El ataque, presentado por Donald Trump como una “operación para restaurar la democracia”, no puede entenderse sino como la continuación de una política imperialista de intervención, con un profundo sesgo geopolítico y económico, que a lo largo de décadas Estados Unidos ha utilizado como herramienta para redibujar el mapa de la soberanía ajena. La Casa Blanca ha atacado sistemáticamente a gobiernos que no comulgan con su ideología, y Venezuela es el caso más reciente de esa larga lista.
Aquí cabe señalar que las declaraciones de hace algunas semanas, en las que Donald Trump afirmó que Estados Unidos debía “recuperar el petróleo robado por Venezuela”, dejan al descubierto el verdadero móvil del ataque, el saqueo abierto de los recursos naturales. Ese razonamiento no solo criminaliza la soberanía venezolana, incluso por decisiones sobre sus recursos tomadas antes del chavismo, sino que sienta un precedente peligroso para toda la región. Bajo esa lógica imperial, México también podría ser señalado mañana por la expropiación petrolera de 1938, uno de los actos más importantes de afirmación nacional de nuestra historia. Cuando el control de los recursos se redefine como “robo”, la soberanía deja de ser un derecho y pasa a convertirse en un delito castigable con bombas en las capitales.
Porque cuando Estados Unidos habla de “seguridad” o “amenaza”, conviene recordar otros capítulos de la historia reciente. En Irak, la invasión de 2003, bajo el pretexto de unas armas de destrucción masiva que nunca existieron, comenzó con bombardeos masivos sobre el territorio, Bagdad y otras ciudades. El resultado fue el colapso de un Estado, cientos de miles de muertos y un país sumido en la violencia permanente, mientras empresas transnacionales se disputaban el control del petróleo, sin olvidar el saqueo de las reservas de oro y de milenarios tesoros históricos. En Afganistán, la llamada “guerra contra el terrorismo” se tradujo en dos décadas de guerra, ocupación y destrucción sistemática. Ese periodo coincidió con el brutal incremento de la producción de heroína en ese país, incentivado por Estados Unidos. Ciudades enteras quedaron reducidas a ruinas, millones de personas fueron desplazadas y tras la huida estadounidense, lo que quedó fue un país devastado, empobrecido y sin estabilidad política, que recién se estabiliza precariamente, con un régimen fundamentalista en el poder.
El caso de Libia confirma ese patrón. En 2011, durante la Primavera Árabe, bajo el pretexto de una “intervención humanitaria”, Estados Unidos y la OTAN bombardearon el país, derrocaron a Muamar Gadafi y desmantelaron el Estado libio. Lejos de traer democracia, la intervención dejó un país fragmentado, básicamente dividido en las tres regiones coloniales de Tripolitania, Cirenaica y Fezán, atravesado por milicias armadas con influencia limitada de las regiones señaladas, redes trata de personas y el control de los recursos estratégicos en manos de intereses externos. En poco más de una década Libia pasó de uno de los niveles de vida más altos de África a convertirse en un Estado fallido y un territorio ingobernable.
Ese mismo guion se reproduce ahora en Venezuela. El país que posee las mayores reservas comprobadas de petróleo del planeta, históricamente presionado por Washington, América Latina vuelve a ser escenario de una intervención directa como en 1983 Granada y en 1989 Panamá. Los bombardeos sobre Caracas y el secuestro del jefe de Estado no son hechos aislados, sino parte de una lógica imperialista que busca someter a quienes se resisten a sus mandatos.

Resulta particularmente alarmante –aunque no sorprendente– ver a actores políticos, opinadores, científicos sociales y voceros del establishment celebrar los bombardeos en Caracas como si se tratara de una hazaña democrática, pidiendo incluso intervenciones similares para México por la “dictadura” que vive solo en su cabeza. Celebrar hoy las bombas en Caracas no es distinto de celebrar el bombardeo a La Moneda en 1973. Ese festejo no solo revela su profunda ignorancia histórica, sino una peligrosa complicidad moral. Aplaudir la intervención militar de una potencia extranjera, ignorando antecedentes como Irak, Afganistán, Libia o Ucrania, equivale a legitimar la destrucción, el saqueo y la muerte como herramientas políticas. No es análisis, es servilismo; no es defensa de la democracia, es aceptación acrítica de la barbarie imperial. La historia ha demostrado que quienes festejan las bombas nunca son quienes terminan bajo los escombros.
Defender la soberanía venezolana no implica idealizar a su gobierno, mucho menos apoyar a capa y espada a Nicolás Maduro, sino rechazar una práctica histórica que ha demostrado, una y otra vez, que donde entra el intervencionismo estadounidense con ellos llega la devastación. Y ahí tenemos a Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia, Yemen o Palestina que no son excepciones sino advertencias. Nuestra América no puede normalizar que una potencia extranjera decida sobre otro país, secuestre presidentes y decrete el destino de pueblos enteros en nombre de una falsa democracia que nunca llega. La memoria histórica obliga a decirlo con claridad: el imperialismo, venga de donde venga, no libera, arrasa. Lo sucedido en Venezuela no es solo una tragedia sino una verdadera amenaza regional.
* Historiador

