Territorios de excepción
En la última semana, la intervención norteamericana que culminó con la captura de Nicolás Maduro y el anuncio implícito de un nuevo régimen de control sobre los recursos petroleros del país, fue presentada como un acto excepcional —una corrección necesaria frente al autoritarismo y el colapso institucional—, que debería ser leído en clave moral y jurídica.
Sin embargo, observada con mayor detenimiento, la ruptura del orden continental no representa una anomalía, sino un punto de condensación de una economía regional donde lo legal, lo ilegal y lo geopolítico operan como un mismo sistema.
La intervención no inaugura una nueva etapa, sino que hace visible una dinámica que atraviesa a América Latina desde hace décadas. La región vive en una economía escindida, donde la formalidad persiste como discurso, pero ha dejado de organizar la vida material de millones.
La ilegalidad no es un margen tolerado sino el centro operativo de vastos territorios. Allí se sobrevive, se comercia, se intercambia y se negocia la legalidad. En ese espacio ambiguo, donde el Estado aparece de forma intermitente, selectiva o directamente ausente, la economía criminal no irrumpe como patología externa, sino como una forma de orden, capaz de garantizar ingresos, reglas y continuidades.
El narcotráfico ha sido el ejemplo más visible de esta lógica, pero no el único. Se trata de una economía plenamente integrada al capitalismo global, que funciona como cualquier cadena de valor, en donde existen territorios de extracción o producción, corredores logísticos, mercados de consumo, sistemas financieros y mecanismos de reinversión.
América Latina suministra las tierras, los cuerpos, el riesgo y la violencia, mientras que Estados Unidos fija la demanda, los precios, la absorción de rentas, y la infraestructura financiera que permite que el dinero ilegal o irregular se transforme en capital legítimo.
En este marco, el petróleo venezolano adquiere un significado que va más allá de la soberanía energética nacional. El anuncio de un control externo sobre esos recursos no implica una excepción al orden económico regional, sino su normalización. La captura del poder político aparece como condición para reordenar los flujos de renta, estabilizar los circuitos de acumulación y reinscribir un recurso estratégico en un mercado que nunca dejó de ser transnacional.
El problema no es la ilegalidad del acto, sino su funcionalidad económica. Este entramado vuelve cada vez más frágil la idea clásica de soberanía. Los Estados latinoamericanos conservan banderas, fronteras y discursos, pero han perdido el control efectivo sobre sectores centrales de su economía.
Las rutas del narcotráfico, el tráfico de armas, de personas, de minerales o de hidrocarburos atraviesan el continente con mayor coordinación que cualquier proyecto de integración regional. La soberanía empieza a ser colonizada por economías alternas que el propio Estado tolera, administra o necesita para sostener una estabilidad mínima.
En este contexto, la corrupción no es una desviación moral ni una falla institucional aislada. Funciona como el lenguaje operativo del sistema. Articula la política, las fuerzas de seguridad, las empresas-fachada y las finanzas internacionales. Permite traducir la violencia en rentabilidad, la ilegalidad en inversión y el colapso social en oportunidad económica. Sin esa traducción constante, ni el narcotráfico ni el extractivismo desregulado podrían sostenerse.
Estados Unidos suele presentarse como árbitro externo, víctima del desorden latinoamericano o garante último de la legalidad internacional. Sin embargo, su papel es estructural. No opera desde afuera del sistema, sino desde el centro del mismo. La demanda de drogas, el flujo de armas hacia el sur, la absorción de capitales de origen dudoso y ahora la reconfiguración directa del control sobre recursos estratégicos convierten al norte en un actor indispensable de la economía criminal y extractiva continental.
La persistencia de una economía ilegal paralela revela la ausencia de controles efectivos del Estado. Sin una capacidad real de regulación, fiscalización y supervisión, la ilegalidad no se reduce, sino que se integra al sistema. La militarización y las intervenciones reemplazan ese vacío con fuerza, pero no con gobernabilidad a mediano y largo plazo.
Mientras América Latina no asuma el control de los flujos económicos, legales e ilegales, a escala nacional y regional, las respuestas seguirán administrando efectos sin transformar la estructura que los produce, sosteniendo la ficción de Estados soberanos frente a crisis aisladas, e impidiendo una política regional acorde a la economía real de nuestro continente.
Aeronave propiedad del cartel de Medellín sumergida en las Bahamas. Foto: Cortesía
