La crisis desatada por la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela ha dejado de ser un episodio más de tensión internacional para convertirse en una prueba mayor para el derecho internacional, para la legalidad interna estadounidense y para la memoria histórica de América Latina.
A la postura del Estado mexicano —firme en la defensa de la no intervención y la solución pacífica de las controversias— se suman voces desde el propio corazón del establishment norteamericano, como el Comité Editorial de The New York Times, que califica la acción de Donald Trump como ilegal, imprudente y peligrosa. El eco de la historia, además, resuena con fuerza en el recuento que hace Braulio Hornedo Rocha -en el artículo que publicamos más adelante- sobre casi dos siglos de intervenciones estadounidenses en la región. Las tres miradas confluyen en una advertencia: cuando la fuerza sustituye al derecho, el saldo suele ser devastador tanto para los países intervenidos como para la potencia que trata de imponerse.
México ha hablado desde una tradición diplomática que no es coyuntural ni ideológica, sino constitucional. Al condenar la acción militar unilateral contra Venezuela, el gobierno mexicano recordó principios elementales: la prohibición del uso de la fuerza, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la primacía del diálogo. Esa postura, respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum y replicada desde ámbitos locales como el gobierno de Morelos, adquiere mayor relevancia cuando se contrasta con el escenario que describe The New York Times: un presidente estadounidense que ordena actos de guerra sin autorización del Congreso, al margen de su propia Constitución y en abierta violación del derecho internacional humanitario.
El diario neoyorquino subraya que Trump no solo ignoró el papel democrático del Congreso —llave constitucional para cualquier acto bélico—, sino que abrió la puerta a ejecuciones extrajudiciales y a una lógica de “policía global” incompatible con los Convenios de Ginebra y con los tratados internacionales de derechos humanos. La ilegalidad no es un detalle técnico: es el punto de quiebre que convierte una acción de política exterior en un precedente peligroso, capaz de ser invocado mañana por otras potencias beligerantes para justificar sus propias agresiones, como advierte el propio diario.
En este contexto, el consenso es incómodo pero necesario. Nicolás Maduro es un personaje difícil de defender: su historial autoritario, la represión documentada por organismos internacionales y el fraude electoral lo colocan lejos de cualquier ideal democrático. Sin embargo, ese hecho no otorga patente de corso a ninguna nación para imponer por la fuerza un cambio de régimen. La historia latinoamericana, como recuerda Braulio Hornedo Rocha, es pródiga en ejemplos donde la intervención estadounidense —justificada bajo banderas cambiantes: Destino Manifiesto, Doctrina Monroe, anticomunismo, guerra contra las drogas o contra el terrorismo— dejó como herencia democracias aniquiladas, Estados frágiles, violencia estructural y profundas heridas sociales.
Desde México en 1846 hasta Chile en 1973, pasando por Guatemala, Nicaragua, Panamá o Centroamérica, el patrón se repite: se derroca a un gobierno en nombre de un supuesto bien mayor y se inauguran largos periodos de inestabilidad, autoritarismo y dependencia. El costo no ha sido solo para los pueblos latinoamericanos; también ha minado la credibilidad moral y política de Estados Unidos, alimentando un resentimiento histórico que hoy vuelve a activarse frente a Venezuela.
El asunto ha dejado de ser exclusivamente venezolano. Se ha transformado en un litigio político y jurídico que pone a prueba la división de poderes en Estados Unidos, la vigencia del derecho internacional y la credibilidad de la Organización de las Naciones Unidas. Si la ONU es incapaz de actuar frente a una intervención abierta y unilateral, su papel como garante de la paz mundial quedará seriamente erosionado. Si el sistema legal estadounidense no logra contener a su propio Ejecutivo, el mensaje al mundo será inquietante: la ley puede ser ignorada por quien tiene el poder militar suficiente.
Frente a este escenario, la postura mexicana cobra un valor que trasciende lo simbólico. América Latina conoce demasiado bien las consecuencias de la “ley del más fuerte”. Hoy, cuando incluso voces críticas dentro de Estados Unidos reconocen la ilegalidad y el riesgo del camino emprendido por Trump, insistir en la diplomacia no es ingenuidad: es una forma de resistencia civilizatoria. Porque sin derecho no hay paz, y sin memoria histórica, la fuerza vuelve a presentarse como solución, aunque siempre termine siendo el origen de nuevas tragedias.