En un momento de alta tensión internacional, la postura del Estado mexicano frente a los acontecimientos en Venezuela recupera una tradición diplomática que ha distinguido a México en el concierto de las naciones: la defensa irrestricta del derecho internacional, la no intervención y la solución pacífica de los conflictos. Frente a una acción militar unilateral de Estados Unidos en territorio venezolano, la respuesta mexicana no ha sido estridente ni coyuntural, sino coherente con una línea histórica que entiende que la fuerza no puede sustituir al derecho.
Desde la diplomacia mexicana, la Secretaría de Relaciones Exteriores, al condenar el ataque militar, el gobierno de México subrayó que se trata de una violación directa al artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Más allá de posicionamientos ideológicos, el pronunciamiento coloca el acento en el respeto al orden jurídico internacional y en la necesidad de preservar a América Latina y el Caribe como una zona de paz. El llamado a cesar las agresiones, a privilegiar el diálogo y a que la ONU actúe de inmediato para desescalar el conflicto, reafirma una vocación pacifista que no es retórica, sino principio constitucional.
Esa misma línea fue respaldada y ampliada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien recordó que la política exterior mexicana no depende de afinidades ni de coyunturas, sino de principios establecidos en la Constitución y sintetizados en la Doctrina Estrada. La jefa del Ejecutivo dejó en claro que México está en contra de cualquier intervención militar y a favor de la solución pacífica de los conflictos, postura que no se contrapone a la cooperación internacional, pero sí a la subordinación. En un contexto marcado por declaraciones hostiles desde Washington, Sheinbaum insistió en que la relación con Estados Unidos debe basarse en la coordinación y el respeto mutuo, no en la imposición ni en el uso de la fuerza como herramienta de política exterior. Su mensaje es relevante: condenar una intervención no implica romper puentes diplomáticos, sino defender reglas comunes que protegen a todas las naciones, grandes o pequeñas.
La posición fue respaldada también desde lo local. La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, se sumó al llamado del Estado mexicano al recordar que la autodeterminación de los pueblos y la no intervención forman parte del ADN diplomático del país. Su pronunciamiento tampoco es menor: refleja una postura coordinada entre los distintos niveles de gobierno y reconoce que las decisiones unilaterales que recurren a la violencia ponen en riesgo la estabilidad regional. Desde Morelos, la gobernadora subrayó que el diálogo y la cooperación diplomática son los únicos caminos legítimos para resolver conflictos entre Estados, incluso —y sobre todo— en escenarios de crisis internacional.
Este consenso institucional evoca inevitablemente el apotegma del Benemérito de las Américas, Benito Juárez: “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Una máxima que, ojalá, conociera y atendiera el presidente norteamericano que decidió un acto de guerra sin observar siquiera el marco legal de su propia nación. La violencia con la que se ejecutó esta acción, muy probablemente, tuvo como consecuencia la pérdida de vidas de venezolanos inocentes, ajenos a decisiones de poder que se toman lejos de su realidad cotidiana.
Más allá de la política interna de Venezuela, de la legalidad o legitimidad del sistema que gobierna ese país, e incluso de los posibles crímenes o ilegalidades atribuidos a su presidente, Nicolás Maduro, hay un principio que no admite matices: ninguna nación tiene derecho a imponerse violentamente sobre otra, ni siquiera bajo el argumento de “salvarla de sí misma”. La historia demuestra que las intervenciones militares rara vez resuelven los problemas que dicen combatir y, en cambio, abren heridas más profundas y duraderas.
La ley —ese invento colectivo de la humanidad para llevar la fiesta en paz dentro y fuera de casa— no puede convertirse en un adorno que se exhibe cuando conviene y se ignora cuando estorba. Incluso el mandatario de una de las naciones más poderosas del mundo está sujeto a un marco legal que debe respetar. El futuro de la humanidad no se beneficia del regreso de la “ley del más fuerte”, porque esa lógica niega la política, la negociación y el intercambio de ideas. Frente a la tentación de la fuerza, la postura mexicana recuerda algo esencial: sin derecho no hay paz, y sin paz no hay convivencia posible entre las naciones.
