La de retirar del servicio de transporte público con itinerario fijo, conocido en Morelos como rutas, a las unidades cuyas condiciones las convierten en un riesgo para la población es una promesa reiterada de las autoridades del transporte público desde el siglo pasado. Como de algún modo los transportistas se las arreglaron por décadas para seguir circulando en peligrosas chatarras son muy pocos quienes la creen.
Porque siendo sinceros, a todos quienes ha tocado subirse alguna vez, o cotidianamente en las grandes camionetas, microbuses o hasta autobuses que prestan el servicio en el estado, por lo menos una vez les ha parecido que arriesgan su integridad física, psicológica o hasta su vida en vehículos con fierros descubiertos y pésimas condiciones mecánicas conducidos por sujetos a quienes falta la precaución, cautela, decencia y responsabilidad para guiar hasta un triciclo.
Y aunque desde las perspectivas más antiguas y ortodoxas del mercado, bastaría con no subirse a unidades que carezcan de las condiciones y protocolos para garantizar la seguridad, lo cierto es que los usuarios carecen de alternativa porque otras formas de transporte son mucho más caras, o sencillamente debido a que la aceleradísima rutina diaria de estudiantes, trabajadores, y el resto de los usuarios impide darse el tiempo para rechazar el viaje en unidades destartaladas (con el riesgo adicional de que la siguiente esté igual o hasta peor).
El deterioro de las rutas en Morelos ha sido una constante que con el tiempo se convirtió en círculo vicioso. Los concesionarios se niegan a reemplazar o siquiera reparar sus unidades porque alegan no tener dinero por lo que piden aumentar la tarifa; una petición a la que los usuarios se niegan con toda razón dadas las pésimas condiciones de los vehículos y las conductas de riesgo de quienes las manejan.
Desde antes de asumir el cargo como gobernadora, Margarita González Saravia había hablado de la reforma en materia de transporte que inició el primer día de su administración con la conversión de la secretaría en una Coordinación General de Movilidad y Transporte a la que se encargó resolver de forma integral el problema de la movilidad en el estado; un asunto que, por supuesto incluye al transporte público, pero va mucho más allá. Se trata de construir un sistema suficiente para conseguir que las y los morelenses puedan moverse a través de todo el estado de forma eficiente, incluyente y segura.
Para ello resulta urgente, como ha quedado demostrado en los últimos años ser mucho más que administradores (en ocasiones profundamente corruptos) de un conjunto de concesiones para prestar servicios. De hecho, el modelo de concesionarios es de las cosas que se pretende cambiar para permitir el acceso de los prestadores de servicio a mejores condiciones de emprendimiento, laborales y de vida.
Pero tener esos beneficios debe significar también una mejora sustancial del servicio para lo que la autoridad debe ser estricta en la aplicación de las normas. A diferencia de las simulaciones del pasado, el retiro de las primeras sesenta carcachas del servicio evidencia la voluntad de la autoridad, por lo menos de arranque, para que el transporte público de pasajeros cumpla con su trabajo en el plan de movilidad para el estado.
Merece reconocimiento y respaldo este primer esfuerzo porque no es nada fácil enfrentar a agrupaciones de transportistas que por años se impusieron a los gobiernos mediante esquemas de corrupción y de presión política. También la autoridad deberá entender que la revisión de las condiciones del transporte debe ser una tarea permanente y no esperar solamente a que en los eventuales operativos se detecten a las unidades chatarra; gran parte del éxito de sus proyectos y, mucho más importante, de la seguridad de los usuarios depende de que hagan bien su trabajo.
