Las declaraciones del fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, recogidas en la entrevista de Daniel Martínez Castellanos para La Jornada Morelos, dibujan un diagnóstico severo y, al mismo tiempo, una promesa ambiciosa: la “época oscura” de la Fiscalía General del Estado quedó atrás. No es una afirmación menor. En una entidad golpeada durante años por la violencia, la impunidad y la desconfianza institucional, ese compromiso podría marcar un parteaguas en la procuración de justicia e implica asumir una carga política, ética y social de grandes dimensiones.
Blumenkron reconoce que la Fiscalía que recibió arrastraba miles de carpetas rezagadas, órdenes de aprehensión incumplidas y, quizá lo más grave, un profundo divorcio con las víctimas. El rezago, común en muchos órganos de procuración de justicia del país, adquirió en Morelos una connotación particular por la desatención, la falta de empatía y la opacidad que caracterizaron a gestiones anteriores. En ese contexto, el uso del término “oscuridad” no es retórico, sino descriptivo.
Conviene recordar que uno de los ex titulares de la FGE, Uriel Carmona Gándara, dejó una estela de cuestionamientos públicos por su falta de resultados, su manejo opaco de casos sensibles y la persistente percepción de una Fiscalía distante de la ciudadanía. Su salida abrió una oportunidad política e institucional para replantear el rumbo, pero también dejó un cúmulo de pendientes que hoy pesan sobre la actual administración. Por otro lado, Édgar Maldonado Ceballos, quien impulsó el inicio del proceso de transformación, estuvo al frente de la institución apenas unos meses antes de ser llamado a ocupar la Secretaría de Gobierno. Su paso breve impidió consolidar cambios de fondo, aunque sentó algunas bases.
En ese escenario, Blumenkron no puede escudarse ni en la herencia ni en la transición. Con un nombramiento por nueve años, el fiscal tiene tiempo suficiente, pero también la obligación de demostrar que el discurso de transformación se traduce en resultados medibles y sostenidos. La apuesta por una Fiscalía “humana”, abierta y centrada en las víctimas es, sin duda, el eje correcto. El énfasis que pone en el centro a mujeres, niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables. Apunta a una demanda social largamente ignorada y con un enfoque de derechos humanos que la institución había ignorado.
Sin embargo, la prueba más dura no estará en las intenciones, sino en la capacidad de abatir el rezago y elevar la calidad de las investigaciones. La combinación de atención a carpetas antiguas y respuesta diligente a las nuevas denuncias es uno de los mayores desafíos estructurales. La referencia a la justicia alternativa como vía para despresurizar el sistema es pertinente, siempre que no se convierta en una salida fácil que diluya la responsabilidad penal en casos donde sí corresponde judicializar.
Hay, además, temas que funcionan como termómetro de credibilidad. La investigación por la acusación de violación en grado de tentativa contra el exgobernador Cuauhtémoc Blanco es uno de ellos. La sociedad observa con lupa si la Fiscalía actúa con independencia real cuando se trata de figuras de alto perfil. Lo mismo ocurre con los feminicidios y la violencia contra las mujeres: más allá de cifras y comparaciones, lo que se exige es reconocimiento del problema, investigaciones exhaustivas, sanciones efectivas y atención integral a las víctimas directas e indirectas.
Tampoco es menor la decisión de investigar redes de protección criminal desde algunos ayuntamientos y la detención de policías municipales presuntamente vinculados a la extorsión. Aquí se juega una parte central del combate a la impunidad: llegar “hasta las últimas consecuencias”, como afirma el fiscal, implica tocar intereses locales, desmontar complicidades y sostener los casos ante los jueces. La coordinación interinstitucional que Blumenkron destaca —con policías, fuerzas federales, el Poder Judicial y la Fiscalía Anticorrupción— será útil sólo si se traduce en sentencias.