Luis Raúl González Pérez*

Cada 10 de diciembre, el mundo conmemora el Día de los Derechos Humanos. La fecha recuerda la aprobación, en 1948, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, un documento que, por primera vez, hizo explícita la idea de que todo ser humano tiene derechos inherentes e inalienables, solo por existir.

Más allá de su simbolismo, esta conmemoración es un llamado urgente a la reflexión y a la acción. Nos recuerda que la dignidad, la justicia y la libertad no son conceptos abstractos, sino principios que deben traducirse en leyes, instituciones, políticas públicas y, sobre todo, en una cultura de respeto y garantía efectiva.

Antes de la Declaración Universal, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en Bogotá en mayo de 1948, fue el primer instrumento internacional que reconoció derechos fundamentales a nivel continental. Aunque inicialmente ambos documentos carecieron de fuerza jurídica, con el tiempo adquirieron autoridad moral y fuerza normativa, abriendo paso a tratados y pactos que sí obligan a los Estados nacionales a proteger los derechos humanos.

La Declaración Universal se convirtió en una guía para legislaciones nacionales e internacionales y en una pieza clave para el desarrollo de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Desde entonces, los Estados que ratifican tratados internacionales aceptan compromisos concretos: respetar, garantizar y proteger los derechos, así como reparar las violaciones que se cometan.

El derecho internacional es claro: cuando una violación de derechos no puede resolverse en el ámbito interno, la jurisdicción internacional puede intervenir subsidiaria y complementariamente. Esto ha fortalecido sistemas como el Interamericano, encargado de supervisar el cumplimiento de los derechos en la región. Cada Estado parte está obligado, de buena fe, a cumplir no solo la letra, sino también el espíritu de los tratados que ha ratificado, y no sólo eso conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, debe adecuar su legislación interna acorde a esos compromisos suscritos.

Paradójicamente, en un momento histórico de grandes avances tecnológicos, —como la inteligencia artificial y acceso global a la información— los derechos humanos parecen enfrentarse a nuevos y peligrosos riesgos, como los que amenazan el derecho a la privacidad, a la imagen y a los datos personales. Por otro lado, en México, mecanismos como el juicio de amparo —un recurso sencillo, efectivo y eficaz ante violaciones de derechos fundamentales— se ha relativizado. Esta institución, que sirvió para inspiración para otros mecanismos de justicia constitucional en diferentes países, se acerca cada vez más a convertirse en un procedimiento formalista y debilitado. Una reciente reforma incrementó los requisitos para acreditar el interés legítimo, que permite a personas físicas, colectivas y organizaciones recamar violaciones a derechos humanos sin necesidad de acreditar la titularidad directa de un derecho subjetivo afectado. Además, respecto a la figura de la suspensión —medida cautelar esencial— se incorporó un catálogo de improcedencias que vuelven esta herramienta mucho más difícil de obtener.

Asimismo, los organismos no jurisdiccionales de derechos humanos han perdido presencia en temas clave, lo que ha debilitado su valor como contrapesos y defensores. Incluso el sistema internacional enfrenta obstáculos: destaca la falta de cumplimiento de sentencias por parte de los Estados nacionales, como ocurre en México que mantiene pendientes las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2022, en el caso Tzompaxtle y, en enero de 2023, en el caso García Rodríguez. Dichas resoluciones establecen que debe eliminase la prisión preventiva oficiosa y subsistir, con adecuaciones, la prisión preventiva justificada. El objetivo no es suprimir la prisión preventiva, sino racionalizar su aplicación mediante una ponderación adecuada de derechos.

La figura del arraigo también fue abordada en sendas sentencias resolviendo su abrogación, sin embargo, tampoco ha sido atendida. El incumplimiento de las sentencias pone en riesgo la efectividad del sistema de protección de derechos humanos. El problema de fondo es la postura gubernamental que busca desconocer el alcance de las sentencias de la Corte Interamericana, bajo el argumento de que afectan la soberanía, lo cual es incorrecto: la soberanía se ejerció al reconocer voluntariamente la jurisdicción de dicho tribunal regional.

Otro tema importante, en el contexto actual de los derechos humanos, son las implicaciones jurídicas, políticas e internacionales que tendría para México la activación del artículo 34 de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas. Entre las implicaciones se encuentran que el Comité de Desapariciones de la ONU ha identificado indicios de una práctica generalizada o sistemática de desapariciones forzadas en el país; que podría solicitar información adicional del gobierno mexicano para evaluar la situación; y que podría llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU. Esto significaría una mayor presión internacional, la posibilidad de considerar las desapariciones como crimen de lesa humanidad y la exigencia de que México demuestre acciones concretas y efectivas para atender el problema y reducir su incidencia.

La existencia de derechos humanos solo adquiere valor cuando hay mecanismos eficaces para prevenir, sancionar y reparar sus violaciones. Por ello, es fundamental que los sistemas de justicia —nacionales e internacionales— sigan siendo un refugio para la dignidad humana.

La construcción de una auténtica cultura de los derechos humanos exige la colaboración de todos los sectores: tribunales, poderes públicos, organismos defensores, academia, litigantes y sociedad civil.

Conmemorar el Día de los Derechos Humanos no es mirar con nostalgia el pasado, sino defender el presente y construir el futuro. Los derechos humanos no se heredan: se protegen, se ejercen, se exigen y se defienden todos los días. Hoy, más que nunca, la verdadera celebración está en la responsabilidad colectiva de garantizar que la dignidad humana no sea una promesa, sino una realidad.

*Especialista en Derechos Humanos