9 de diciembre
De acuerdo con todos los indicadores, el de Morelos es uno de los estados más corruptos del país. Incluso antes de las administraciones de Graco Ramírez Garrido Abreu (2012-2018) y Cuauhtémoc Blanco Bravo (2018-2024), identificadas como las más deshonestas en la historia moderna de Morelos, las historias sobre cobros indebidos, asignaciones discrecionales de obra y proveeduría, compadrazgos, nepotismos, enriquecimiento ilícito y otros cochupos comunes en el servicio público ya habían dado origen a frases como la corrupción somos todos y el que no transa no avanza.
Y aunque la corrupción no es una patente de Morelos, sí se trata de una constante dolorosa en el servicio público que, como en otras partes del mundo, erosiona las instituciones, pervierte el Estado de Derecho, vuelve ineficiente la función pública para poder pedir dinero a fin de aceitar la maquinaria burocrática, desalienta la inversión y puede llevar a la quiebra a pequeñas empresas, y lesiona las garantías individuales cuya protección es la primera justificación para la existencia del estado.
Durante las últimas décadas, el combate a la corrupción ha sido el discurso más recurrente en la política mexicana. Las promesas de acabar con las malas prácticas en el gobierno, a pesar de su frecuencia e intensidad, parecieran sólo haber evidenciado cínicamente los casos de abusos del poder público, desde los más sencillos empleados de ventanilla o policías de crucero, hasta alcaldes, gobernadores, y presidentes de la República.
La corrupción no es cultural, sino estructural
En México existe la idea de que la corrupción es un fenómeno cultural, es decir, se trataría de un rasgo de la conciencia colectiva tan fundamental como el idioma, la música, los rituales religiosos y otros de los saberes y haceres de la sociedad. Incluso el expresidente Enrique Peña Nieto se atrevió alguna vez a declarar exactamente eso, en lo que parecía una especie de relevo de la responsabilidad inmediata de acabar con la perversión del servicio público hasta que hubiera una especie de reconstrucción cultural. La idea fue profundamente criticada especialmente por los corruptos que después, en diversos espacios de poder público la repetirían en una suerte de descargo de responsabilidad.
La teoría de la corrupción como fenómeno cultural obligaría a pensar que la ciudadanía honesta, y los funcionarios que podría haber con esa característica, provendrían de otro mundo en donde se hubieran tejido diferentes prácticas y costumbres y, por ende, serían incorruptibles todo el tiempo, pero también ajenos totalmente a conceptos como la identidad nacional o regional. Es, según toda evidencia, una hipótesis por lo menos bastante dudosa.
Mucho más puntuales han sido los estudios de historiadores y antropólogos que evidencian la corrupción como un problema estructural cuyo grueso tejido empezó con la construcción de sistemas de camarillas que dominan esferas de la función pública y habría iniciado en la época colonial bajo esquemas diferentes en procedimiento, pero no en esencia a los actuales. Durante el Porfiriato esa corrupción se habría institucionalizado a partir de la ampliación e interconexión de las camarillas que permitieron la extensión de las malas prácticas en el ejercicio público a prácticamente todas las esferas.
Estos pequeños pero abundantes y dominantes círculos de corrupción se enfrentan a instituciones de control, fiscalización y justicia profundamente débiles y durante mucho tiempo controladas, precisamente, por los espacios en los poderes públicos donde radica la corrupción.
En efecto, la inexistencia de sistemas judiciales independientes y eficientes; legislaturas fortalecidas y plurales con verdadera capacidad y voluntad de supervisión; contralorías fuertes, sólidas e independientes; procedimientos claros de rendición de cuentas; entre otras fallas, forma parte de un diseño institucional en que el combate a la corrupción no ha sido prioridad, no se ha tomado en serio, y que se alimenta justamente de las malas prácticas en el servicio público.
En Morelos, por ejemplo, menos del 10 por ciento de los casos de corrupción denunciados por la ciudadanía o las instituciones han recibido sentencias condenatorias; a ello debe sumarse que, de acuerdo con expertos más del 93% de los casos de prácticas de abusos en el servicio público no se denuncian (la famosa cifra negra que en el estado es muy similar en casi todos los delitos).
El problema entonces no está en la cultura -no hay gen corrupto- sino en un diseño institucional que genera incentivos para las malas prácticas en la sociedad y el gobierno que permite mantener el poder y fomenta el enriquecimiento ilícito de particulares. Esto se logra construyendo entramados de camarillas cohesionadas por compadrazgos, amiguismos, clientelismos y padrinazgos políticos en los que la corrupción funciona como la forma básica de relación.
El enorme costo de la corrupción
Calcular el costo real de la corrupción es prácticamente imposible. Entre la escasa denuncia y la dificultad para valuar el impacto de corruptas no directamente relacionadas con dinero, como la ineptitud del funcionariado, asignar cantidades es difícil. El Sistema Nacional Anticorrupción calcula el daño en el 5% del Producto Interno Bruto.
Si consideramos sólo ese valor, integrado exclusivamente por los costos directos de las malas prácticas en el poder, la corrupción habría significado en Morelos un monto de 13 mil 479 millones 650 mil pesos el año pasado (el PIB en el 2024 fue de 269 mil 593 millones). En esta suma se integrarían todas las transacciones ilegales hechas con recursos públicos y privados relacionadas con las tareas del gobierno (en sus tres poderes) y los ayuntamientos; pero no considera costos como la inhibición de inversión pública, el deterioro de los bienes y servicios públicos por acciones y omisiones de los servidores públicos, los daños a la confianza ciudadana que modifican comportamientos deseables para el desarrollo social y económico, entre otros factores.
Tampoco considera otra variable que en Morelos y otros estados del país ha venido creciendo: la penetración de las estructuras gubernamentales por grupos delictivos.
En el estado por lo menos la mitad de los ayuntamientos permanecen bajo investigación por vínculos del funcionariado y representantes con organizaciones criminales. Los casos más evidentes son:
- El secuestro de Jorge Toledo Bustamante, quien fuera alcalde de Mazatepec, por un grupo delictivo que operaba en la zona sur de Morelos que le exigió plazas y dinero del ayuntamiento como condición para liberarlo.
- La vinculación de Alfonso Miranda Gallegos, quien fuera diputado local y alcalde de Amacuzac con una organización delictiva dentro de la que cometió por lo menos un secuestro y homicidio. Miranda Gallegos, contendió por la alcaldía de Amacuzac estando en prisión, ganó la elección y operó el ayuntamiento por varios meses desde el penal de Puente Grande. El exalcalde y exdiputado fue recientemente condenado a 82 años de prisión. El grupo delictivo al que pertenecía es el mismo que secuestró a Toledo Bustamante.
- La participación de los actuales alcaldes de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, y Cuautla, Jesús Corona Damián, junto al exalcalde de la Heroica, Raúl Tadeo Nava en una reunión con un mando criminal de la región oriente que abrió una investigación federal sobre los tres. De acuerdo con versiones de sus allegados, los ediles fueron llevados por fuerza a tal encuentro para ser presionados con espacios en los ayuntamientos y cuotas.
Pero difícilmente son los únicos, de hecho, en el caso de Cuautla se investigan los probables vínculos de los tres últimos alcaldes y por lo menos una decena de funcionarios y exfuncionarios del ayuntamiento con grupos criminales.
Otros ayuntamientos en que se investiga a alcaldes o funcionarios son los de Axochiapan, Puente de Ixtla, Jojutla, Huitzilac, Yecapixtla, Yautepec, Xochitepec, Ocuituco, Ayala y Emiliano Zapata, entre otros. En el caso de Tepoztlán y Cuernavaca hay también indicios de que las anteriores administraciones habrían estado penetradas por grupos delictivos.
Combate verbal a la corrupción
Desde hace muchas décadas los gobiernos hablan, con mayor o menor intensidad de combatir y hasta erradicar la corrupción. En contraste, el daño por las malas prácticas gubernamentales ha aumentado cada año y ha probado la insuficiencia de una sociedad mucho más despierta y de las instituciones que se han creado para controlar la gestión de los poderes públicos y sancionar sus malas prácticas.
En 1994 el régimen de Jorge Carrillo Olea en Morelos inició su gestión con la promesa de lograr un mejor estado; el primer despertar ciudadano en los ochenta había dejado heridas vivas por escándalos de corrupción en los gobiernos de Armando León Bejarano, Lauro Ortega Martínez y Antonio Riva Palacio López. Carrillo Olea formó un gobierno con especialistas en cada una de las áreas que suponía hacer mejor que sus antecesores y, como estaba de moda decir en aquel tiempo, llevar a Morelos al primer mundo.
No ocurrió, entre presiones del gobierno federal, vinculación de mandos policiacos estatales con bandas de secuestradores y otros eventos aislados de corrupción a cargo de algunos de sus colaboradores, Carrillo Olea tuvo que solicitar licencia al cargo de gobernador de Morelos. Llegó a relevarlo Jorge Morales Barud, quien intentó un gobierno de “reconciliación” que, si bien recompuso el ambiente político local, permitió un esquema de intercambios de cuotas de poder entre partidos políticos y grupos de presión.
Los dos sexenios de Acción Nacional en la gubernatura cambiaron muy poco las cosas, la lucha contra la corrupción se convirtió en un discurso y una amenaza política contra los adversarios políticos y detractores. En tanto, los esquemas de corrupción se mantuvieron en beneficio de la nueva clase política.
A partir del 2012, con la administración de Graco Ramírez Garrido, la corrupción campeaba en Morelos igual que en el resto del país. Medios de comunicación, activistas, e investigaciones judiciales documentaron el saqueo y la corrupción en diversas formas, asignaciones irregulares de obras; contratación de obras y servicios inexistentes o inoperantes; cobro de comisiones por asignación de contratos; desvío de recursos públicos. La mayoría de los casos permanecen impunes consolidando un patrón riesgoso para el estado y la confianza ciudadana.
La corrupción provocó el hartazgo ciudadano que llevó al grupo de Ramírez Garrido a una sonora derrota en las urnas ante alguien que, igual que sus antecesores, prometería acabar con la corrupción.
Cuauhtémoc Blanco Bravo ya traía sus propios expedientes de irregularidades, desde la documentación apócrifa con la que “comprobó” su residencia en Cuernavaca para postularse por la alcaldía hasta los desvíos de recursos en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y el ayuntamiento de la ciudad.
Las corruptelas de la administración de Cuauhtémoc Blanco en la alcaldía de Cuernavaca aún se siguen descubriendo; la omisión de obligaciones de pago, las excesivas liquidaciones a personal del ayuntamiento que después fue vuelto a contratar, la contratación de empresas fantasma de proveeduría y otros expedientes provocaron daños por cientos de millones de pesos que el ayuntamiento aún sigue pagando, de acuerdo con las declaraciones del actual alcalde José Luis Urióstegui Salgado.
Ya en la gubernatura, Blanco Bravo y su equipo fueron aún más dañinos. La Auditoría Superior de la Federación detectó probables daños al erario y gastos por aclarar de partidas federales por alrededor de siete mil 200 millones de pesos durante ese sexenio.
Entre otros casos bajo investigación están la compra a sobreprecio de medicamentos por más de 500 millones de pesos; las irregularidades en las obras del mercado Adolfo López Mateos de Cuernavaca; la venta irregular de terrenos en Tequesquitengo; la presunta triangulación de recursos con bancos del exterior; el desvío de recursos y retención de insumos agrícolas; entre otros asuntos conocidos relacionados con fondos públicos estatales y federales. Además, se han señalado daños a la seguridad pública y la gobernabilidad del estado por omisiones del Ejecutivo; retenciones injustificadas de partidas para los ayuntamientos; y el favorecimiento discrecional a particulares a través de una red de empresas vinculadas con familiares del exgobernador.
Los escándalos de corrupción en el sexenio de Blanco Bravo alcanzaron a su círculo más cercano: José Manuel Sanz Olvera, quien fuera jefe de la Oficina de la Gubernatura; Pablo Ojeda Cárdenas, que ocupó la Secretaría de Gobierno; Víctor Mercado Salgado, secretario de Movilidad y Transporte; Sandra Anaya Villegas, secretaria de Administración; José Antonio Ortiz Guarneros, Comisionado Estatal de Seguridad Pública, entre otros, han sido reiteradamente señalados sin que a la fecha se haya procedido en contra de ellos. Además, se identificó un círculo de funcionarios vinculados con el hermano del gobernador, Ulises Bravo Molina, que habrían cometido abusos múltiples en las secretarías de Desarrollo Económico y Trabajo, Turismo y Cultura, Desarrollo Agropecuario, Oficina de la Gubernatura, Instituto de la Educación Básica, Comisión Estatal del Agua, Coordinación General de Comunicación Social, y más despachos estratégicos en los que Bravo Molina decidía sobre adquisiciones, proveeduría, contratación de personal y otras áreas en las que participaba aún sin tener cargo en el gobierno estatal.
Sobre prácticamente todos los asuntos hay denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción que trabaja en la medida de sus posibilidades en la investigación y judicialización de casos, ya sin la carga de grupos políticos que tenía en el pasado.
El Día Internacional contra la Corrupción
Los 9 de diciembre de cada año desde el 2005, el mundo conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, una efeméride acordada por la Organización de las Naciones Unidas con la intención de frenar el daño que provocan los abusos en la función pública en todo el mundo. La ONU considera que la corrupción debe prevenirse y enfrentarse por todos los medios posibles.
Para este 2025, el enfoque para el nueve de diciembre se centra en la concienciación de las juventudes respecto al daño que la perversión del servicio público ocasiona a la ciudadanía, la confianza en las instituciones y el desarrollo de las naciones, las regiones y las ciudades. Los mil 900 millones de jóvenes en el mundo representan la esperanza de un futuro mejor protagonizado por esa cuarta parte de la población mundial.
La campaña “se centra en el papel que desempeña la juventud como defensora de la integridad, sensibilizando sobre la corrupción y sus repercusiones en sus comunidades. Participarán activamente en debates, compartirán sus experiencias y propondrán soluciones innovadoras para combatir la corrupción… (y) amplificará las voces de los dirigentes de la integridad del mañana, permitiéndoles expresar sus preocupaciones y aspiraciones, con la esperanza de que sus llamamientos sean escuchados y se actúe en consecuencia”.