En Morelos existen 14 Áreas Naturales Protegidas (ANPs) de las que cinco están bajo administración federal, siete son estatales y dos del municipio de Cuernavaca. No son pocas, de hecho, la zona de reserva en conjunto comprende casi 119 mil 700 hectáreas, más del 24% del territorio estatal.
Si algo nos han enseñado las últimas décadas, en parte gracias a los modelos de administración de cada una de las ANPs, es que no basta con los decretos y hasta las ocasionales medidas de fuerza que se han utilizado para intentar preservar las reservas naturales del estado.
El modelo que mejor ha funcionado es el de la Sierra de Huautla, a muy grandes rasgos se trata de un esquema en que la comunidad participa junto con la administración del ANP, se fomentan proyectos productivos y de cuidado conjunto de la reserva de biosfera y los habitantes de los poblados ubicados en la zona ayudan por convicción y conveniencia económica a la preservación y restauración de los bosques. El modelo no está exento de problemas, pero la mayoría de ellos derivan de presiones externas y no de la falta de involucramiento de la comunidad o la administración a cargo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Las reservas a cargo del gobierno federal tienen un esquema en el que durante años se consideró el uso de la fuerza como única forma de lograr la preservación. Las invasiones, la tala clandestina, la caza furtiva y otras presiones fueron mermando las superficies aún con proyectos que, hasta octubre pasado, permitían una participación muy modesta de las comunidades en la preservación de los bosques. El modelo confiaba excesivamente en el celo con que las comunidades solían proteger sus áreas verdes, una condición que el tiempo, la migración y hasta la gentrificación de los pueblos ubicados en las reservas, como Tepoztlán, fueron debilitando. Sólo hasta hace unos meses, con el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se consideró un cambio de paradigma que supone un mayor involucramiento de las comunidades en el cuidado de las áreas mediante proyectos productivos que les permiten vivir sin dañar la naturaleza.
Las que habían resultado francamente desastrosas eran las ANPs a cargo del gobierno estatal. El escaso interés, las omisiones, la improvisación y hasta la corrupción del funcionariado público permitió durante varias décadas la desaparición de cientos de hectáreas de bosque que hoy son espacios urbanos mal planificados y que provocan impactos ambientales severos. Hasta el Parque Barranca Chapultepec cayó en el olvido por años y se fue deteriorando hasta convertirse esporádicamente en un riesgo sanitario.
La administración de la gobernadora Margarita González Saravia inició desde octubre del 2024 un nuevo modelo de atención para las áreas protegidas, que parece tomar lo mejor de los esquemas federal y universitario para garantizar la conservación. Se planteó el reforzamiento de la vigilancia, incluso vía satelital con un sistema que empezaría a operar en el 2026 para monitorear la actividad en los bosques, el reforzamiento de operativos, la coordinación con los ayuntamientos y programas de ordenamiento territorial metropolitanos sustentables. Pero no todo es ejercer el poder del Estado, también se han estimulado la operación y crecimiento de proyectos productivos que contribuyen a la preservación y restauración de las áreas protegidas en los que, ahora también se involucrarán las secretarías de Turismo y Desarrollo Económico, a fin de fortalecer la economía local sin presiones que comprometan la integridad de los espacios naturales.
Con estos antecedentes y los primeros resultados que parecen contener la degradación de las ANPs bajo administración estatal y federal, el anuncio de la gobernadora de crear nuevas reservas en el estado en la medida de que las comunidades puedan participar con proyectos productivos no parece nada descabellado, al contrario, parece ser una promesa asequible de un mejor futuro para Morelos.
