La Representación Política: Deuda histórica del Estado Mexicano a las comunidades y pueblos indígenas
Primera parte
“… no es posible concebir un Mexico digno sin un Iugar digno para los pueblos indigenas del pais.”
EZLN (2000)
“Para garantizar la representación de los pueblos indígenas en las legislaturas de los estados por el principio de mayoría relativa, los distritos electorales deberán ajustarse conforme a la distribución geográfica de dichos pueblos.”
Comisión de Concordia y Pacificación, Cocopa (1996)
- Refrescando la memoria: la lucha por el derecho y la cultura indígenas.
El 16 de febrero de 1996 en San Andrés Sak’amchén de los Pobres, municipio tsotsil de Los Altos de Chiapas, conocido también como San Andrés Larráinzar, el Estado Mexicano y el EZLN firmaron Los Acuerdos de San Andrés, dos años después del inicio de la rebelión zapatista.
En el documento signado se presentaron las propuestas conjuntas acordadas entre ambas partes. En ese momento y lugar, se determinó impulsar una transformación del Estado y de las relaciones políticas, sociales, culturales y económicas con los pueblos indígenas que satisfaga sus demandas de justicia. Se planteó el reconocimiento de los derechos indígenas, entre ellos su derecho a la libre determinación y a la autonomía mediante la creación de un nuevo marco jurídico.
Una vez firmados los acuerdos sobre Derechos y Cultura Indigena (mesa 1), con el compromiso de incluir en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el contenido de dichos acuerdos, comenzó una lucha de las comunidades y pueblos indígenas para que esto se cumpliera, por su parte, el gobierno federal intentaba evadir su cumplimiento y optó por la violencia y la represión a las comunidades y pueblos zapatistas.
El 29 de agosto de 1996, el EZLN declaró suspendido el diálogo y planteó condiciones mínimas para su restablecimiento: Liberación de los zapatistas presos; el cese de la persecución y hostigamiento militar y paramilitar en las comunidades indígenas de Chiapas; que se cumplan los acuerdos de la mesa sobre los derechos y la cultura indígenas y se instale la comisión de seguimiento y verificación; que los comisionados del gobierno tengan capacidad de decisión; que el gobieno presente una propuesta seria para la mesa sobre Democracia y Justicia.
La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) intentó reestablecer el diálogo y con la conformidad de ambas partes elaboró una iniciativa de reforma constitucional, sustentada en los acuerdos de San Andrés, que presentó en noviembre de 1996. El EZLN estuvo de acuerdo con la propuesta pero no así el gobierno federal. El diálogo entre ambas partes no se ha restablecido hasta el día de hoy.
En 2001, durante el gobierno de Vicente Fox, el Congreso de la Unión retomó el proceso legislativo para dar cumplimiento a los acuerdos de San Andrés. Se presentaron diversas iniciativas de reforma a la Constitución, entre ellas la del presidente Fox que retomó la propuesta de la Cocopa de nov. 1996 como se había comprometido en campaña, lo que generó una serie de controversias de legisladores de varios partidos que se oponían a ello, incluido el PAN.
Legislar sobre los derechos indígenas contenidos en los acuerdos de San Andrés implica no sólo ampliar los derechos individuales de las personas indígenas sino reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos colectivos con derechos específicos.
Durante el primer semestre de 2001, el EZLN y el Congreso Nacional Indígena realizaron diversas acciones para exigir el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y la aprobación de la iniciativa de la Cocopa: Llevaron a cabo la marcha por la Dignidad Indígena también conocida como la Marcha del Color de la Tierra, recorrieron pueblos indígenas de 13 estados; realizaron el III Congreso Nacional Indígena en Michoacán donde, el 4 de marzo, aprobaron la “Declaración por el Reconocimiento Constitucional de Nuestros Derechos Colectivos”; el 28 de marzo ingresaron a la Cámara de Diputados y desde la tribuna defendieron la iniciativa de la Cocopa sustentada en los acuerdos de San Andrés.
La mayoría de los integrantes del Congreso de la Unión, ciegos y sordos ante las movilizaciones indígenas en defensa de sus derechos y sus culturas, el 18 de julio determinaron aprobar el Decreto en Materia de Derecho y Cultura Indígena que modificaba de forma sustantiva la iniciativa de la Cocopa y por lo tanto NO daba cumplimiento a los acuerdos de San Andrés firmados por el Estado Mexicano en febrero de 1996.
El EZLN y el Congreso Nacional Indígena repudiaron lo aprobado por el Congreso de la Unión considerándolo una burla a los Pueblos Indígenas. Lo hecho por diputados y senadores y legisladores estatales, no sólo es una decisión de técnica legislativa, es una decisión del Estado Mexicano de NO reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas, cito a López Bárcenas (2016): “fue así como la clase política mexicana, perdió la oportunidad que tuvo de establecer condiciones para constituir un nuevo Estado, en el que los pueblos pudieran reconstituirse y todos, individuos y pueblos, pudieran vivir dignamente, de acuerdo con la propia cultura, creencias y aspiraciones.
Después de 23 años, el gobierno federal, esta vez encabezado por un presidente progresista, una vez realizada la consulta nacional a pueblos y comunidades indígenas, en septiembre de 2024, publica una nueva Reforma al artículo 2º de la Constitución sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. El EZLN y el Congreso Nacional Indígena no se han pronunciado al respecto.
Es fundamental analizar a detalle el contenido de esta reforma constitucional con respecto al contenido de los acuerdos de San Andrés pactados en 1996. El Estado Mexicano debe saldar la deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas y reconocer en la constitución sus derechos colectivos.
- La reforma electoral 2025-2026 y la representación política indígena.
En los próximos meses, el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum, se dispone a presentar una iniciativa para la reforma electoral. Durante octubre y noviembre se estarán realizando foros para que toda persona, institución u organización exprese sus puntos de vista y propuestas, éstas deberán ser analizadas para la elaboración de la iniciativa presidencial citada.
El 10 de octubre se realizó el Foro en Morelos, participé con una ponencia sobre el derecho de pueblos y comunidades indígenas a la representación política en los congresos federal y locales. Como se observa en el cuadro que se presenta, desde 1996, en los acuerdos de San Andrés, el gobierno de México se comprometió a garantizar la representación política de la población indígena conforme a sus especificidades culturales y a su ubicación geográfica. Sin embargo, estos acuerdos no han sido retomados en las reformas sobre derechos indígenas de 2001 y de 2024. Lo abordaré con detalle en la segunda parte de este artículo.
