Por muchos años se ha pretendido establecer que la cantidad de iniciativas presentadas y aprobadas por una Legislatura es una evidencia de su productividad. Si bien es deseable que los congresos diseñen y estudian iniciativas, emitan dictámenes y aprueben leyes y reglamentos, la productividad legislativa no es indicador simplemente basado en el volumen, en el deben incluirse, por lo menos, la pertinencia y eficacia con que las leyes resuelven o atienden problemas sociales; los procesos creativos de nuevos ordenamientos y revisionistas de las legislaciones existentes para reformarlas o derogarlas; los contextos particulares de las legislaturas; pero también la cantidad e importancia de las omisiones legislativas respecto a demandas ciudadanas y ordenamientos de los tribunales.
Si solo se consideraran las iniciativas presentadas, la LVI Legislatura del Congreso de Morelos resultaría extraordinariamente productiva; desde su inicio en septiembre del 2024, en cada sesión ordinaria se presentan entre ocho y diez iniciativas en promedio; hay legisladoras que presentan en una sola sesión cinco o seis iniciativas en paquete. La mayoría de las propuestas presentadas son turnadas a comisiones donde han quedado en espera de revisión. Aún con lentitud, alrededor del 40 por ciento de las iniciativas presentadas al pleno se han convertido en ley; en esta proporción están incluidas prácticamente todas las presentadas por el Ejecutivo estatal y las armonizaciones de la legislación local con reformas aprobadas en el Congreso de la Unión.
Algunas de las reformas aprobadas por la actual Legislatura, tienen una enorme trascendencia, como las que tipifican conductas asociadas con prácticas criminales graves como la extorsión, el homicidio doloso y las lesiones; o con la apología del delito. También se ha avanzado en reformas que impactan la educación, la salud, y las que buscan reducir la violencia contra las mujeres. Igualmente se dio forma a un nuevo diseño de Estado con las reformas a la ley orgánica de la administración pública, el relevo en la Fiscalía General del Estado, y la reforma judicial local.
Todos estos avances son notables y colocarían a la LVI Legislatura como una de las más productivas en la historia reciente de Morelos, lo que tampoco podría considerarse todavía un logro si se consideran las parálisis constantes de sus antecesoras. Aún con ello, las diputadas y diputados que iniciaron funciones en septiembre del 24 merecerían ser reconocidos como trabajadores.
Y lo serían, de no ser porque en al menos dos casos que afectan los derechos de morelenses, la LVI Legislatura ha sido omisa aún frente a las sentencias de los tribunales.
El primer caso es el desacato a las sentencias de juicios de amparo que obligarían al Legislativo a derogar los artículos del código penal local que penalizan el aborto voluntario. La actual legislatura tiene en la “congeladora legislativa” por lo menos dos iniciativas que legalizarían el aborto y un dictamen para derogar la criminalización de las mujeres que deciden abortar y quienes las acompañan, ayudan o les practican la interrupción voluntaria del embarazo. Pese a ello las diputadas y diputados han dejado alargarse el asunto argumentando cumplir el proceso legislativo debido; el mismo que han cumplido en el trámite de otras muchas iniciativas presentadas con posterioridad y que ya fueron incluso publicadas en el periódico oficial Tierra y Libertad con lo que se les ha dado total vigencia.
El segundo es más reciente, pero igual de grave. En un aparente error de técnica legislativa, en la reforma judicial local, las y los diputados olvidaron incluir al Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJPA) como parte del Poder Judicial, por lo que no previeron que su titularidad tendría también que ser sometida a elección en el 2027, igual que lo serán el resto de las personas magistradas y juzgadoras. La omisión de la Legislatura fue llevada al Tribunal Electoral de Morelos por diversos ciudadanos y organizaciones a quienes se les concedió la razón y en julio pasado y emitió una sentencia que obliga al Congreso a corregir la omisión, ordenamiento que el Legislativo atendió en el plazo de tres meses que le fue dado para ello.
Al lesionar derechos de las mujeres y de los ciudadanos, ambas omisiones son graves y tendrían que ser consideradas en la evaluación de la productividad de la LVI Legislatura, que entonces se reduciría dramáticamente.
