Corrupción y gabinetes…
Mientras sigan saliendo corruptelas de cualquier medida e intensidad cometidas por exfuncionarios de la administración del exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo; el Ejecutivo estatal mantendrá un innecesario pendiente con la ciudadanía y correrá el riesgo de que cualquier sospecha, por ínfima que resulte, sobre conductas indebidas se magnifique a proporciones de grandes escándalos.
Claro que es injusto. Dado la probada intolerancia de la gobernadora, Margarita González Saravia a la corrupción, y la proclividad de su antecesor y colaboradores a la administración pública creativa (por usar algún eufemismo), mezclar las administraciones parecería una innecesaria hipérbole sobre el servicio público en general. Pero la opinión pública entiende poco de justicia y mucho de sensaciones o afrentas y la que Morelos padece desde tiempos de Graco Ramírez se agravó al máximo con Blanco Bravo y ahora parece una pústula lista para reventar.
El asunto no es sencillo en tanto debe tratarse por lo menos en tres pistas y dos de ellas, por cierto, no le corresponden a la gobernadora.
Lo que Margarita González Saravia debe hacer parece estar en marcha desde las primeras semanas de su administración, ante las denuncias y sospechas fundadas de malas prácticas cometidas por sus colaboradores se les remueve y somete a investigaciones tanto desde la Secretaría de la Contraloría (cuya titular, Alejandra Pani Barragán, aún queda debiendo en eficiencia); como a través de las instancias jurisdiccionales que corresponda.
De esas acciones hay por lo menos una veintena de evidencias.
Pero el problema está en otra arena
El asunto es que la burocracia nacional, lo hemos dicho antes, diseñó mecanismos extraordinariamente eficientes para procurarse impunidad, así que el procedimiento para sancionar a los funcionarios públicos corruptos no sólo es profundamente largo y complejo, además, requiere de muchas voluntades políticas.
Eso explica, múltiples casos de impunidad en notorios hechos de corrupción en todo el país; y por supuesto en Morelos. Es cierto, muy probablemente haya políticos que protejan a exgobernadores del estado para que no sean siquiera llevados a proceso, pero también es cierto que la ley y los recursos con que cuentan los políticos corruptos son vastos y les permiten recurrir a múltiples argucias jurídicas para retardar la acción de la justicia en busca de la prescripción de los delitos que les puedan ser imputados.
La insuficiencia de los órganos de control y sanción
A ello hay que añadir la notoria insuficiencia de las autoridades creadas para perseguir y sancionar los actos de corrupción cuyos recursos humanos, técnicos y jurídicos parecen siempre ser rebasados por la abundancia y creatividad de los malhechores del servicio público.
Por supuesto que mucho más tendrías que exigírseles, pero lo cierto es que, dicen las abuelas “cada quien hace lo que puede con lo que tiene”, y las contralorías, las fiscalías anticorrupción y otros órganos fiscalizadores tienen muy poco para el tamaño de la deshonestidad en los gobiernos.
Tampoco se trataría, por cierto, de armar un esquema que casi pusiera un agente fiscalizador detrás de cada uno de los burócratas que pudieran cometer algún acto de corrupción en algún momento, pero sin duda es momento de repensar el sistema con el que se previenen, investigan y sancionan las deshonestidades en el servicio público. Y esto sí toca, por lo menos en parte, a la cancha de la gobernadora; pero también a los otros poderes, a los partidos políticos y a la sociedad.
Y el otro frente abierto
Una crítica que podría hacerse al equipo de la gobernadora, en todo caso, estaría en los términos de la selección de su personal. Los criterios para definir a los colaboradores de los gobernantes nunca han sido demasiado variados, se pide algo de conocimiento, otro poco de experiencia en el área de la que cada uno se hará responsable y, especialmente (aunque no siempre se confiesa) una lealtad probada y probable al proyecto de gobierno.
Alguien podría decir que, con una veintena de relevos obligados en los doce meses de administración probablemente pudiera identificarse una falla importante en la selección del funcionariado.
Sin embargo, parece que quienes han quedado mal al proyecto de gobierno fueron sugeridos, recomendados, impulsados, propuestos, deslizados o hasta abandonados por grupos de interés que en algún momento formaron alianzas con Margarita González Saravia para apoyar su campaña, ganar el gobierno estatal y obtener cuotas de poder a cambio de esos respaldos.
En efecto, las remociones obligadas en el Instituto de Crédito, la Coordinación de Movilidad y Transporte y el Instituto de la Educación Básica, todas, tenían “otros padrinos” que en el corto plazo mostraron que la famosa lealtad aquella probablemente era con la persona (Margarita), y no con su proyecto de administración pública o esbozo de estado.
Esto no significa que el gabinete de la gobernadora sea perfecto, extraordinariamente eficiente o siquiera que esté a prueba de corrupción. En cualquier administración gubernamental existirá siempre el riesgo de que la gente caiga en tentaciones o se desvíe de los fines originales para los que fue reclutado. Pero hasta ahora, salvo por ajustes importantes que la mandataria tendría que hacer en la esencia de su administración (como por qué y para qué se gobierna), los cómo parecen estar funcionando aún cuando de repente se atoren o parezcan haber perdido el rumbo; algo que por el momento es de anécdota, pero podría convertirse en un asunto delicado.
@martinellito / martinellito@outlook.com