La reciente presentación de ocho proyectos productivos por parte del Consejo de Inversiones del Estado de Morelos, con un monto superior a los dos mil millones de pesos, marca un punto de inflexión en la estrategia económica de la entidad. No se trata únicamente de cifras, aunque 113 millones de dólares suenan ya de por sí alentadores; lo verdaderamente relevante es la visión que comienza a imprimirse bajo la administración de Margarita González Saravia: convertir a Morelos en un espacio de competitividad, donde la iniciativa privada encuentre respaldo gubernamental para detonar empleo, innovación y cadenas productivas sólidas.
El abanico de proyectos es tan diverso como prometedor. Desde un hotel cinco estrellas en la Ex Hacienda de Oacalco, que aportará cientos de empleos en Yautepec, hasta la instalación de una farmacéutica internacional en Jiutepec que desarrollará medicamentos de alto impacto social; pasando por la ampliación de la industria metalmecánica en Emiliano Zapata, la consolidación logística en el Aeropuerto de Cuernavaca, la construcción de un gasoducto en Cuautla y un centro de ciberseguridad de alcance global en la capital morelense. Incluso el cine, con una producción desde territorio estatal, se suma a este esfuerzo que, más allá de los números, proyecta a Morelos como un semillero cultural, industrial y tecnológico.
Lo importante es entender que estos proyectos no se limitan a la llegada de capital externo. Su verdadero valor radica en fortalecer las cadenas productivas, es decir, en articular empresas, proveedores, trabajadores y gobiernos para que la riqueza generada permanezca en la entidad, y se multiplique.
Esa es la gran diferencia entre el viejo modelo de maquiladoras, que durante décadas dejó a Morelos atrapado en un círculo vicioso de salarios bajos y beneficios concentrados fuera del estado, y la nueva apuesta por un círculo virtuoso donde empresarios, trabajadores y el propio gobierno —a través de la recaudación fiscal— encuentren beneficios compartidos.
El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Sánchez Trujillo, lo expresó con claridad: atraer inversión requiere más que voluntad política; demanda crear condiciones de certeza en la tenencia de la tierra, garantizar servicios públicos de calidad y, sobre todo, mejorar la seguridad. Estos tres pilares constituyen la base para que el capital fluya con confianza hacia un estado que durante mucho tiempo fue visto como territorio de riesgo.
Frente a un escenario internacional marcado por la volatilidad —fusiones, recortes, adquisiciones y crisis—, el compromiso del gobierno estatal es ofrecer “todas las herramientas que los gobiernos deben tener” para dar seguridad en todos los ámbitos y así generar una expectativa positiva de desarrollo, lo que no solo suena prometedor, sino deseable.
En este sentido, no puede dejarse de lado que la gobernadora Margarita González Saravia encabeza este proceso con “determinación y valor” -como lo dice el secretario Sánchez-, respaldando a la iniciativa privada como aliada estratégica, sin perder de vista que el objetivo último es el bienestar de la población. Los más de 3 mil empleos directos e indirectos previstos no solo representan un alivio laboral, sino la posibilidad de que familias enteras accedan a mejores condiciones de vida, mientras se robustece la economía local.
El reto, sin embargo, no termina en el anuncio. De poco servirían las inversiones si no se asegura su correcta ejecución, si no se transparentan los beneficios y si no se garantiza que la riqueza realmente toque a quienes más la necesitan. Es ahí donde el gobierno estatal debe redoblar esfuerzos: acompañar, fiscalizar y garantizar que esta etapa de apertura y confianza se traduzca en prosperidad incluyente y, lo más importante, hacer de esta iniciativa y políticas, un esfuerzo permanente, una política de Estado.
Si Morelos logra transitar del viejo círculo vicioso -en los que las empresas van y vienen sin dejar nada más que contaminación y desempleo cuando se aburren-, al círculo virtuoso de la creación de riqueza compartida, no solo habrá ganado competitividad, sino que habrá demostrado que el desarrollo puede y debe ser sinónimo de justicia social.
