La evaluación de la política pública de agua potable en la Ciudad de México
Hoy tuve la oportunidad de asistir en El Colegio de México a la presentación de la Evaluación de la Política Pública de Agua Potable en la Ciudad de México, un ejercicio promovido por Evalúa CDMX que arroja luces sobre los aciertos y, sobre todo, las enormes áreas de oportunidad que enfrenta la capital en materia de agua. No se trató de un evento más en la agenda académica o gubernamental, sino de un ejercicio de análisis crítico que resulta indispensable en un momento en que la ciudad vive una crisis hídrica cada vez más evidente.
El documento presentado ofrece un panorama integral: reconoce los esfuerzos institucionales por mantener en operación un sistema de abasto complejo y costoso, pero también advierte las limitaciones que impiden garantizar el derecho humano al agua. En la evaluación se subrayó que la cobertura formal del servicio no siempre se traduce en disponibilidad efectiva, y que persisten desigualdades territoriales marcadas entre las alcaldías. Mientras en algunas zonas los hogares reciben agua con relativa continuidad, en otras el servicio es intermitente o depende de pipas, lo cual reproduce la inequidad y afecta a las familias de menores ingresos.
Otro de los puntos centrales fue la fragilidad de la infraestructura: fugas que rebasan el 40 % del agua distribuida, redes que en muchos casos tienen más de medio siglo de antigüedad y una dependencia estructural del Sistema Cutzamala, que en los últimos años ha mostrado su vulnerabilidad por el descenso en los niveles de almacenamiento. La evaluación plantea que, sin una inversión sostenida en rehabilitación, mantenimiento y tecnificación, la ciudad seguirá corriendo el riesgo de un “día cero” en algunos de sus sectores.
El ejercicio también resaltó la importancia de la gobernanza del agua: la fragmentación institucional y la ausencia de mecanismos de participación ciudadana efectiva dificultan la planeación de largo plazo. Es necesario fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, los órganos reguladores y la sociedad civil, para que las decisiones trasciendan administraciones y coyunturas políticas.
La gran virtud de esta evaluación es que no se limita a señalar problemas, sino que plantea recomendaciones claras: mejorar los sistemas de información, priorizar la inversión en infraestructura crítica, promover la equidad territorial en el servicio y avanzar hacia una gestión más sustentable que considere la recarga de acuíferos y la reutilización del agua tratada.
Salir de El Colegio de México tras escuchar estas reflexiones es una invitación a reconocer que la crisis del agua en la capital no se resuelve con discursos ni con soluciones de corto plazo. Requiere voluntad política, inversión sostenida, transparencia en la gestión y, sobre todo, reconocer que el derecho humano al agua no puede seguir dependiendo del código postal donde uno habite. Evaluaciones como la presentada hoy son un paso necesario para exigir mejores políticas y abrir el camino a transformaciones de fondo en la forma en que concebimos y gestionamos el agua en nuestra ciudad.
Como ingeniero y como ciudadano, me quedó la convicción de que estos ejercicios de evaluación no son un fin en sí mismos, sino un punto de partida. Nos recuerdan que detrás de cada estadística hay familias que esperan un servicio digno, comunidades que luchan por ser escuchadas y una ciudad que necesita repensar su relación con el agua. Participar en la discusión desde espacios como El Colegio de México me reafirma que la construcción de soluciones debe ser colectiva, técnica y transparente. Solo así podremos garantizar que el derecho humano al agua deje de ser una promesa pendiente y se convierta en una realidad tangible para todas y todos los habitantes de la Ciudad de México.
*Profesor, consultor y gerente general de AQUATOR
