

Los derechos indígenas en la ley y en la realidad
Hacer una realidad los derechos indígenas ya establecidos en el Artículo 2 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, requiere de construir organización autónoma de las comunidades indígenas, para hacer valer los derechos en la práctica y romper con las prácticas autoritarias de quienes abusan del poder político y económico.
En la asamblea general de Alpuyeca, este primero de septiembre, la comunidad decidió desconocer la Ayudantía municipal, al encontrar diversas irregularidades en prejuicio de este poblado que se rige por usos y costumbres, de acuerdo a lo establecido en sus sistemas normativos, cuando se encontró que no ha realizado de manera óptima su funcionamiento, actuando contrario a las necesidades y determinaciones de la comunidad, por lo que se acordó tomar las oficinas de la Ayudantía, en tanto no se llegue a acuerdos.
Por tal motivo, se contó con la presencia de la Contraloría municipal para dar fe de los hechos, así como de una Visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Morelos, para evitar cualquier acto que lesione las prerrogativas de la comunidad indígena de Alpuyeca.
Esta acción se ubica en el marco de la determinación de ejercer su autonomía y libre determinación a través de la Iniciativa Legislativa para la creación del municipio indígena de Alpuyeca, acordada por asamblea y presentada desde el año de 2019, mismo que está actualmente en proceso de determinación por parte del Congreso del Estado de Morelos, ya que se han cubierto todos los requisitos para poder ser reconocidos como municipio indígena; sin embargo, hasta el momento todavía no existe el dictamen.
No obstante, a pesar de éste incumplimiento por parte de la Legislatura, el pueblo se ha organizado y ya a tiene sus sistemas normativos aprobados en la Asamblea General, tiene su Consejo, tiene su plan de gobierno, tiene la creación de comités de administración y de vigilancia para la aplicación de presupuestos directos, entre otras cosas. Por lo que el pueblo de Alpuyeca determinaron que se debe de respetar por parte de las autoridades su proceso de autonomía y libre determinación establecido en el artículo Segundo Constitucional que se modificó recientemente para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Unir desde abajo las luchas de la clase trabajadora, los pueblos indígenas y afrodescendientes, los campesinos pobres, los movimientos feministas y de la diversidad sexual, las organizaciones defensoras de derechos humanos y los colectivos de familiares de buscadoras de sus familiares desaparecidos, implica un esfuerzo de fortalecer las coincidencias y superar las diferencias en el movimiento social.
Históricamente las grandes transformaciones sociales han sido producto de la organización consciente del pueblo oprimido y explotado para defender sus derechos frente a los dueños del poder.
Actualmente en Morelos existen diversos procesos de organización de los movimientos sociales que se alimentan mutuamente y se expresan en ocasiones por caminos distintos pero que tienen objetivos comunes.
Uno de ellos es el de los pueblos indígenas y afrodescendientes que ya han llevado a cabo 16 Asambleas de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Morelos. Han elaborado sus propuestas de Ley General de Derechos Indígena y Afromexicana y llevaron a cabo un Foro de armonización legislativa sobre derechos indígenas, que convocaron entre el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Morelos, la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde se dio a conocer la propuesta de Ley Indígena y Afromexicana, en seguimiento a los acuerdos de las Asambleas, y se estableció una mesa de análisis y diálogo con el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso y con la Legislatura actual.
Por ello es importante que las Diputadas y Diputados de la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Morelos tomen todas las medidas y acciones para concluir el proceso legislativo para dictaminar la creación del Municipio Indígena de Alpuyeca, cuando estamos a poco tiempo de que se cumplirán 6 años de que se presentó esta iniciativa legislativa desde el 16 de diciembre de 2019 que cumple todos y cada uno de los requisitos establecidos en el Artículo 40 de la Constitución del Estado de Morelos.
Cada día que pasa sin que se tome esta determinación por parte de la actual Legislatura es un agravio a los derechos colectivos de la autonomía como pueblo indígena, ocasionando que se utilice toda clase de abusos de poder por parte de autoridades que se benefician de la falta de certeza jurídica a la comunidad.
La reforma constitucional al Artículo 2 que reconoce como sujetos de derecho a los pueblos indígenas y afrodescendientes, es un mandato nacional que debe ser respetado por todas las autoridades y, sobre todo, de quienes son integrantes de las Legislaturas, quienes tienen la atribución y el deber de emitir leyes que se lleven a la práctica y no queden solo en el papel.
Ahora es necesario que las luchas populares y de los pueblos indígenas nunca más se encuentren aisladas y haya unidad con conciencia, organización y estrategia, para cambiar ésta injusta realidad. ¡Porque Zapata vive, la lucha sigue!
*Defensores de derechos humanos

