Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que instruye al Gobierno de Morelos a impulsar la despenalización del aborto en la entidad, el Ejecutivo estatal, a través del secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, confirmó que se dará cumplimiento a la sentencia mediante la presentación de una iniciativa ante el Congreso local.
La orden judicial deriva del amparo en revisión 570/2024, resuelto por la Primera Sala de la SCJN, en el que se establece que el Poder Ejecutivo debe tomar medidas concretas para garantizar el acceso legal y seguro a la interrupción voluntaria del embarazo. Entre las acciones requeridas, se encuentra la promoción de una iniciativa de ley que armonice la legislación estatal con los estándares constitucionales en materia de derechos reproductivos.
En respuesta, el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, reiteró que el Ejecutivo estatal será respetuoso de los procesos legislativos y de las decisiones que tomen las y los diputados locales; no obstante, se pronunció a favor de avanzar en el reconocimiento y garantía plena del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
“El Congreso del Estado debe asumir su responsabilidad y legislar sobre este tema, que ha sido pospuesto por varias Legislaturas. Desde el Ejecutivo, haremos lo que corresponde en el marco de nuestras atribuciones, y presentaremos la iniciativa a través de los Servicios de Salud”, declaró.
Salgado Brito señaló que el gobierno de Morelos acatará en sus términos la sentencia de la SCJN, al considerar que responde a un principio de justicia reproductiva y protección de derechos fundamentales. Subrayó que el objetivo no es imponer una postura, sino abrir el camino legislativo para que las mujeres en la entidad cuenten con un marco jurídico que les permita ejercer su derecho a decidir, sin criminalización ni barreras institucionales.
Actualmente, la legislación morelense contempla causales específicas para permitir el aborto, como violación, riesgo para la vida de la mujer o malformaciones graves en el feto. Sin embargo, no se ha legislado sobre la interrupción voluntaria del embarazo en etapas tempranas, lo que coloca a la entidad fuera de los parámetros definidos por la Corte a nivel nacional.
