El secretario de Gobierno de Morelos, Juan Salgado Brito, hizo un llamado público a que cualquier persona que desee establecer su residencia en Tepoztlán, sin importar su cargo o figura pública, debe apegarse a los procedimientos legales establecidos y respetar al pueblo que habita esta comunidad morelense, reconocida por su riqueza cultural y tradiciones.
La declaración se da en el contexto de la reciente adquisición de una vivienda en el municipio por parte del senador Gerardo Fernández Noroña, hecho que ha generado diversas reacciones en el ámbito local.
Salgado Brito señaló que el gobierno estatal no tiene injerencia directa en los procesos de compraventa entre particulares, pero subrayó que existe una normativa municipal y estatal que debe cumplirse en toda transacción inmobiliaria, especialmente en comunidades con carácter indígena o con altos niveles de protección territorial, como es el caso de Tepoztlán.
“El mensaje es claro: quien llegue a vivir a Tepoztlán debe respetar al pueblo y apegarse a los procedimientos legales. Es una comunidad con historia, con identidad y con formas propias de organización que deben ser consideradas en todo momento”, expresó el funcionario.
Aunque no se refirió de manera directa a la legalidad o situación específica del inmueble adquirido por el legislador, Salgado Brito reiteró que el respeto a las normas y usos locales es fundamental para evitar conflictos y garantizar la convivencia entre habitantes originarios y nuevos residentes.
Tepoztlán es uno de los municipios de Morelos con mayor atractivo turístico y cultural, lo que ha derivado en un aumento significativo en el interés de personas externas por adquirir propiedades en la zona. Sin embargo, habitantes y autoridades han expresado en diversas ocasiones su preocupación por procesos de urbanización que no siempre cumplen con las regulaciones vigentes o que vulneran los derechos de la comunidad local.
El gobierno estatal indicó que se mantendrá atento a cualquier situación que pudiera derivar en inconformidades, pero recalcó que corresponde a las autoridades municipales, en coordinación con las instancias agrarias y registrales, verificar que todo proceso de adquisición de vivienda cumpla con los requisitos legales.
