El 31 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. Una fecha que debería servir no solo para celebrar el legado cultural, la fuerza comunitaria y la resistencia histórica de millones de personas, sino, sobre todo, para reconocer las deudas que aún persisten con este sector invisibilizado de la sociedad.
En México, 3.1 millones de personas se auto reconocen como afrodescendientes. En América Latina y el Caribe son más de 134 millones, casi una quinta parte de la población regional. Sin embargo, las cifras del Banco Mundial son contundentes: los afrodescendientes tienen 2.5 veces más probabilidades de vivir en pobreza crónica y, aun con la misma preparación académica y experiencia laboral, perciben menores ingresos que sus pares no afrodescendientes. Este dato, repetido a lo largo de décadas, muestra la crudeza del racismo estructural y las barreras que siguen frenando la igualdad.
En el caso particular de México, y de manera destacada en estados como el nuestro y Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Colima y Quintana Roo, la población afromexicana forma parte esencial del tejido social y cultural. Sus aportes a la música, la danza, la gastronomía y a la riqueza cultural comunitaria son innegables. Pero la discriminación persiste y golpea con mayor fuerza a las mujeres afro, quienes enfrentan una doble o incluso triple carga de desigualdades: por género, por color de piel y por condiciones socioeconómicas.
Las instituciones del Estado han comenzado a reconocer este panorama. El Sistema Nacional DIF, el Conapred y el propio Instituto de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en Morelos han planteado la urgencia de políticas públicas con perspectiva interseccional, que atiendan las necesidades diferenciadas de estas comunidades y visibilicen su riqueza cultural. Pero, como en muchos otros lastres sociales, los esfuerzos institucionales serán insuficientes si no se acompañan de un cambio cultural profundo que desmonte prejuicios, estereotipos y prácticas discriminatorias arraigadas en la vida cotidiana.
Morelos, tierra de lucha y resistencia, ha dado un paso importante al realizar el Encuentro de Familias Afromexicanas, encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia. No es un gesto menor: reconocer que los afrodescendientes llegaron al estado en condición de esclavitud y hoy son dignificados como parte fundamental del pueblo morelense, implica romper silencios históricos. Actividades culturales, mesas de diálogo y la inauguración de un mural conmemorativo en Jiutepec representan un espacio simbólico y comunitario para reafirmar su identidad y sus derechos.
El gobierno del estado reconoce que es tiempo de derechos. Y esos derechos deben traducirse en oportunidades reales de desarrollo económico, acceso a la salud, educación de calidad, paridad en la vida pública y garantía de una vida libre de violencia. No basta con visibilizar: es necesario transformar las condiciones de desigualdad que han marginado a este sector.
El reto es enorme y la deuda histórica con los afrodescendientes mexicanos debe ser un compromiso sostenido que garantice su inclusión plena en la vida nacional. Y, sobre todo, con la construcción de una cultura de respeto en la que la diversidad sea reconocida como fortaleza y no como motivo de exclusión.
Hoy, las voces de las mujeres afromexicanas resuenan con fuerza en comunidades de Morelos. Ellas preservan tradiciones, lideran luchas comunitarias y defienden su derecho a una vida libre de violencia. Reconocerlas como agentes de cambio es un acto de justicia.
