Generando utopías
Como era de preverse, la convocatoria lanzada por la presidenta de la República para elaborar una propuesta de reforma electoral ha despertado reacciones negativas de quienes desde tiempo atrás se han opuesto de manera sistemática y acrítica a prácticamente todos los cambios emprendidos por el gobierno de la llamada cuarta transformación. Dicho rechazo va más allá del consabido papel que juegan “las oposiciones” en el añejo, desprestigiado e inoperante papel que les otorga el modelo de democracia liberal representativa.
No hay duda de que la consigna de oponerse por oponerse es irracional y antidemocrática. Es el reflejo de un juego perverso inventado por la “clase política”, y respaldado por los poderes fácticos, para tener sometida y entretenida a la población. Agotada, como hemos visto, en México y en otros muchos países, la “lucha democrática” en el terreno de los parlamentos y los congresos, ha transitado ahora al ámbito del poder judicial. Los resultados son conocidos, lo que no se gana en las urnas, se gana ahora en los recintos judiciales.
La iniciativa para elaborar la reforma política no sólo ha tenido reacciones en las huestes opositoras, sino también, aunque con más discreción, dentro de la alianza gobernante. Veremos qué sucede, a medida que se vaya cumpliendo el plazo para la consulta a la población. El hecho es que las primeras reacciones opositoras, dejado de lado el discurso patriótico/democrático que las envuelve, se ha centrado en dos puntos: los criterios de acceso a las curules, y el dinero que, vía prerrogativas, se les entrega a los partidos políticos.
En un país como el nuestro, en donde los partidos políticos tienen la concesión de administrar “la democracia”, es obvio que éstos se sientan amenazados ante cualquier cambio que pueda darse al actual estado de cosas. El punto es saber cuál será el alcance de la reforma anunciada, no desde la perspectiva de los partidos políticos, y los poderes fácticos que los respaldan, sin desde la visión, necesidades y deseos de los ciudadanos de nuestro país.
Extraño formularlo así, pero ante la inoperante función de “representación popular” que discursivamente se les otorga a los candidatos propuestos por los partidos políticos y electos por los variopintos votantes, se requiere una reforma que sea el resultado de lo que realmente opinan los ciudadanos, y no de lo que opinan los políticos, sus adláteres, y la comentocracia de oficio. ¿Quién puede creer que serán objetivas y desinteresadas las opiniones de los políticos profesionales y de los beneficiarios del actual estado de cosas?
Debemos tener en cuenta que se nos ha convocado a dar nuestra opinión, que no voto, sobre lo que debería contemplar una reforma electoral, y no una reforma política de mayor calado. La primera sólo busca cambiar aspectos relacionados con las elecciones, de tal suerte que pueda mejorar la calidad de los procesos electorales, a través del ajuste y actualización de su normatividad; mientras que la segunda tiene un alcance mucho mayor, incluyendo también lo electoral. Una reforma política atiende aspectos más estructurales y de organización del gobierno y de su relación con la sociedad.
Creo que analizar con visión geopolítica y geoeconómica lo que está sucediendo en el mundo obligaría a que nuestro país se lanzara a hacer una reforma política. Sólo la pereza mental puede explicar el no cuestionar la idea de que una sociedad sólo puede organizarse políticamente bajo el modelo que ha estado vigente en Occidente, durante poco más de doscientos años, el cual está inspirado básicamente por la revolución francesa y por el modelo de producción anglosajón.
Está por verse cuándo, en nuestro país y en otros más, transitaremos a nuevas formas de hacer economía y de hacer política, que exijan mayor participación de los ciudadanos en la creación del bienestar colectivo, y que modifiquen las actuales reglas de acceso y ejercicio del poder.
Por lo pronto estamos frente a la posibilidad de modificar, aunque sea con relativo impacto, la democracia representativa. Será importante para ello las definiciones de qué y cómo se oriente la forma de generar las propuestas ciudadanas, la manera de procesarlas, y de seleccionar, entre ellas, las que contendrá el documento que el Poder Ejecutivo le presente al Poder Legislativo.
Sin hacer en este espacio una propuesta detallada de cómo lograrlo, y apuntando hacia un escenario deseable en el mediano y largo plazo, diría que el aparato normativo nacional debería estar formulado de tal manera, que contemplara, como marco general, tres situaciones: a). la diferencia que existe entre gobernar y administrar, ya que son funciones diferentes y requieren para su desarrollo perfiles y capacidades diferentes. b). La desaparición de los partidos políticos, y la inclusión de otras formas o mecanismos de representación; y c). una normativa de acceso a puestos de representación popular (ahora ya posible en los tres poderes de gobierno) que por sí misma, desincentive la participación de quienes no tienen las capacidades, ni la vocación de servicio a la sociedad.
Hablaremos en próximas entregas de estas, por ahora utópicas, tres situaciones, pero que es necesario plantearlas para que entren en el campo mental de lo posible, y para que sirvan de contraste a los ajustes superficiales que seguramente resultarán de la consulta presidencial, y que seguirán dejando la democracia en manos de los políticos, y no del pueblo.
*Interesado en temas de construcción de ciudadanía.
Imagen cortesía del autor