La construcción de la paz en cualquier sociedad es una tarea necesaria, constante y, sobre todo, comunitaria.
La participación de la ciudadanía, los gobiernos y sus fuerzas del orden en las labores de pacificación de las comunidades y en la construcción de estrategias que no solo refuercen la vigilancia, las aprehensiones y en general las estrategias de fuerza del Estado, sino también atiendan las causas que son raíces profundas de la criminalidad y la violencia, es siempre bienvenida.
La instalación de los Consejos Estatal y Municipales de la Paz y Atención de las causas no solo tendrían que crearse por obediencia a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sino -y esto es vital para su funcionamiento y utilidad- atendiendo a la necesaria participación de todos en las tareas de construcción de la paz a partir de estrategias bien coordinadas a la reconstrucción del tejido social, la recuperación de los espacios públicos y la erradicación de factores generadores de violencia y criminalidad.
En Morelos ayer se instalaron el Consejo Estatal y los diez primeros de los municipios, lo que evidencia la voluntad de colaboración de los ayuntamientos y la sociedad con los esfuerzos y estrategias que los gobiernos estatal y federal han emprendido y que han empezado a dar resultados cuya mayor velocidad y eficiencia depende, en gran medida, de la colaboración de la ciudadanía y las autoridades que le son más cercanas, los ayuntamientos.
Esta participación, igual que los primeros resultados que la estrategia de seguridad del gobierno estatal, y los programas de combate al delito del gobierno federal, incidirán en la mejora de la confianza ciudadana, que durante la última década se deterioró en Morelos hasta convertirse, por la falta de denuncias, en un factor más para la impunidad de más de 90 por ciento que registraba el estado en la mayoría de los crímenes.
El respaldo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a las labores de seguridad en Morelos permite varias lecturas, la más dramática es el reconocimiento de la Federación de que el estado no había trabajado en la aprehensión de criminales y con ello permitió que en casi todo el territorio estatal el crimen campeara. Pero se añaden buenas noticias, hoy se hacen cosas que antes no se hacían, como la atención al más alto nivel de la Mesa de Seguridad que preside la gobernadora, Margarita González Saravia; y las detenciones relevantes que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha realizado de peligrosos generadores de violencia. Falta solamente que, dice la secretaria de Gobernación, el Poder Judicial esté a la altura y no siga permitiendo sospechosas liberaciones de delincuentes.
Y aunque importante, la opinión de la secretaria de Gobernación no tiene mayor peso que la mostrada, en los hechos, por la ciudadanía. El delito de extorsión, uno de los que más aquejaban al estado, especialmente en su región oriente, ha tenido un aumento de denuncias de 30% desde febrero a la fecha, lo que evidencia una mayor confianza de la ciudadanía en las autoridades de prevención y persecución de los delitos. No es un asunto menor, la denuncia de las víctimas es un elemento indispensable para perseguir, aprehender y sancionar a la mayoría de los delincuentes; aumentar las denuncias facilita el combate a los grupos delictivos y los que dañan en la sociedad en solitario.
Quizá lo único que faltaba en la estrategia de seguridad local era un programa más coordinado de atención a las causas, hoy Morelos ya tiene desde dónde implementarlo.
