José Martínez Cruz
Existe una deuda histórica con los pueblos indígenas y afrodescendientes en México. La reforma constitucional al artículo 2 que los reconoce como sujetos de derecho es un paso hacia el pleno respeto a los derechos colectivos que se debe concretar en la Ley General de Derechos Indígenas y Afrodescendientes.
La Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses trabajó en 10 talleres y varias Asambleas una propuesta de Ley que contribuya a fortalecer la iniciativa que se presentará al Congreso de la Unión, misma que se le entregó a la Presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita al Municipio Indígena de Coatetelco.
Esta propuesta de Ley se elaboró con lenguaje jurídico técnico, pero claro, procurando reflejar y respetar la cosmovisión, los valores culturales y la autodeterminación de los pueblos indígenas y afromexicanos.
En su contenido se incluyen definiciones clave para brindar seguridad jurídica, tales como la autoadscripción calificada, jurisdicción indígena, patrimonio biocultural, consulta previa, libre e informada, entre otras, y se consagran principios rectores como la igualdad sustantiva que busca resultados equitativos, no solo igualdad formal ante la ley, el pluralismo jurídico que implica el reconocimiento de la coexistencia de sistemas normativos distintos dentro del orden jurídico nacional, la interculturalidad entendida como diálogo e interacción respetuosa entre culturas, la paridad de género y la inclusión de jóvenes en la vida comunitaria.
Asimismo, esta Ley General pone especial énfasis en la protección de los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas, reconociendo su situación de vulnerabilidad particular frente a la violencia de género, la discriminación múltiple y la marginación.
Se adoptan disposiciones para garantizar su participación plena y equitativa en todos los ámbitos, el acceso a la justicia con perspectiva intercultural y de género, y medidas para erradicar la violencia contra ellas.
Igualmente, se atiende la realidad de las comunidades y personas indígenas migrantes, tanto dentro del territorio nacional incluyendo los contextos urbanos y de trabajo agroindustrial como en el extranjero, previendo acciones para proteger sus derechos laborales, culturales y humanos, y para mantener el vínculo con sus comunidades de origen.
La Ley se estructura en Disposiciones Generales, seguidas de capítulos temáticos dedicados a los distintos derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas: derechos territoriales, derechos culturales y lingüísticos, derechos políticos y de participación, derechos de las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad, derechos en materia migratoria, educativa, de salud, de desarrollo económico y bienestar comunitario, así como el reconocimiento de sus sistemas normativos propios.
Todo ello con el fin de lograr los mayores avances posibles en la garantía y protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, asegurando que dichos derechos no solo existan en el papel, sino que puedan ser efectivamente exigibles ante las instancias jurisdiccionales y administrativas correspondientes.
Un elemento Innovador en el Marco Jurídico Nacional, enmarcado dentro de los derechos de Autonomía y Libre Determinación, es la categoría jurídica, política y social de Municipios Indígenas.
El eje central de la Ley es la categoría de Sistemas Normativos, como parte medular e indisoluble de la libre determinación y autonomía de los municipios y comunidades indígenas y afromexicanas.
Esta propuesta de Ley General de Derechos Indígenas y Afrodescendientes será sin duda una aportación de los pueblos de Morelos para todo el país.
Los bastones de mando o Kuautopilli concentran la fuerza de un pueblo para que sus líderes tomen decisiones difíciles.
Ataviados con su banda roja Ixkualmécatl, Manuel Gómez (izq.),Gobernador Indígena y Pluricultural en Morelos; junto a Isidro Rosales, Gobernador Indígena de Ocotepec.
Integrantes del Consejo de Tatas y Nanas de los pueblos indígenas de Xoxocotla.
Fortino Peralta (izq), preside el Consejo de Vigilancia del Ejido Alpuyeca, y Alberto Malpica es representante indígena de Tlaltizapán.
Enrique Longardo, jefe superior en Xoxocotla, subraya que perder la identidad provoca que las personas extravíen su rumbo.
Don Chente Ríos, artesano indígena galardonado y conocido en México y el extranjero muestra su escultura llamada La aparición del maíz.
En la cima de la pirámide de Coatetelco, se pueden ver ofrendas recientes de alimentos, listones y veladoras, dedicadas a diferentes entidades.
Aunque algunas personas no lo saben, piezas arqueológicas centenarias, como este altar con un Atltecocolli, están en la vía pública, en Coatetelco.
Don Isidro Rosales, es una de las pocas personas autorizadas por la comunidad para tocar este teponaztli que tiene más de 500 años de antigüedad.
Artesanos indígenas dejaron rastros de sus creencias en las construcciones coloniales, como este tallado de caracol de agua, en la iglesia de Ocotepec.
Antes de entrar a la gruta sagrada de Alpuyeca, en el balneario Palo Bolero, los dirigentes indígenas realizan un rezo y agradecimiento.
El sitio arqueológico de Coatetelco es un ejemplo de cómo una comunidad indígena actual coexiste junto con restos materiales milenarios.
