Las escuelas deben ser entornos de paz que favorezcan a la formación integral de la niñez, la juventud y las personas de edad adulta que a ellas acuden. Aunque en la mayoría de los casos esto es una realidad, preocupa la creciente violencia que se verifica al interior de los planteles en todas sus formas, desde las agresiones verbales, los casos de acoso escolar, los castigos excesivos e injustificados y la violencia física, fenómenos de los que son víctimas ya no solo los estudiantes, sino también los maestros y en menor medida trabajadores administrativos.
En las comunidades escolares no se trata de un cambio en el canon con que se diagnostican las formas de violencia (como ha ocurrido en otros sectores), lo que ha disparado las cifras; en el caso de las escuelas es evidente un incremento en la frecuencia, pero también en la intensidad de las diversas formas de violencia que se vuelve especialmente preocupante y pone en un riesgo permanente a las maestras y maestros, como tradicionales e históricos responsables de lo que ocurre en las aulas y los patios de las escuelas.
Se trata de un riesgo porque al tiempo que la sociedad, el gobierno y la costumbre han reducido las herramientas de control sobre las aulas de que podían disponer hasta hace dos décadas las y los maestros (reprobación, castigos, exclusión del aula y hasta llamados fuertes de atención), la proclividad de la sociedad a la violencia ha aumentado alcanzando a la niñez y la juventud, pero también a los padres de familia. Los docentes pasaron de figuras de autoridad en toda la extensión de la palabra, a espectadores sin los necesarios elementos disciplinarios para enfrentar ambientes violentos que del exterior se reproducen en las aulas y espacios escolares.
Esta situación ha llevado a que en múltiples ocasiones los intentos de los docentes por ejercer el control frente a alumnos problemáticos sean origen de conflictos mayores al interior y exterior de las escuelas; las frecuentes tomas de escuela por quejas en contra de algún docente que “le habló feo” a una alumna o alumno pueden diluirse fácilmente si los directivos tienen la habilidad, ánimo y hasta valentía para enfrentarlos lo que es parte del descriptivo de sus cargos.
En cambio, resulta preocupante que, aprovechando la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los docentes, esos intentos de establecer la disciplina y favorecer el aprendizaje sean combatidos por algunos padres de familia con acusaciones serias sobre delitos que después de los procedimientos administrativos que empiezan por separar al maestro de su trabajo, las molestas investigaciones y a veces hasta periodos de cárcel, se comprueban absolutamente falsas. Se trata de una práctica que amenazaba con volverse común frente a la fragilidad jurídica que padecía el magisterio, la tardanza del sistema de justicia para resolver los casos, y la impunidad con que padres de familia irresponsables podían acusar a los docentes. Las denuncias que se han presentado en el estado han resultado falsas en un 85%.
Ahí radica la importancia de la Ley de Protección de la Integridad y Derechos de las y los Trabajadores de la Educación en el Estado de Morelos, iniciativa que fue aprobada ayer en el Congreso local y que ahora solo espera su publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad para entrar en vigor y conceder así la garantía del debido proceso con el ajuste a un protocolo de actuación para las quejas, pero también la de defensa jurídica y laboral y apoyo psicológico a los docentes durante los procesos. Además, sanciona las quejas maliciosas de forma administrativa y en casos de mayor gravedad le da vista al Ministerio Público para establecer otro tipo de castigos.
La protección a los docentes es un paso fundamental para devolverles la autoridad y reforzar su liderazgo en la conducción del aula; pero no es suficiente para recuperar a las escuelas como espacios donde la paz y la seguridad de todos esté garantizada, en eso aún se debe trabajar… y mucho.
