

Cierto que aún hace falta mucho trecho por recorrer en materia de seguridad pública en Morelos. Aunque la incidencia delictiva de alto impacto se ha reducido en más de 30% en la mayoría de los crímenes, lo cierto es que la percepción de inseguridad y el riesgo real de victimización siguen siendo un factor en la medición del trabajo y suelen opacar los resultados que se ofrecen en el área.
Por supuesto que llama la atención que muchos de los obstáculos que se presentan en el combate a la delincuencia en Morelos son puestos por la misma sociedad a la que se busca proteger. La multiplicación de conductas criminógenas, la tolerancia vuelta costumbre a la ilegalidad, la proliferación de comportamientos antisociales, los descuidos en la educación de la niñez y adolescencia no son una responsabilidad exclusiva de las autoridades, que en todo caso han sido excesivamente laxas y hasta omisas en la vigilancia del orden social; se trata, en general, de malos comportamientos ciudadanos.
Algunas de estas conductas son excesos de comportamientos sociales tolerados, por ejemplo, la abundancia de bares y chelerías ilegales en las zonas urbanas (Cuernavaca tiene un problema menor y casi focalizado en la periferia y los municipios conurbados, pero Cuautla, en apenas unos años se volvió una enorme cantina ilegal), solo se explica por el altísimo consumo de alcohol, principalmente en la juventud. Esta conducta, tolerada y probablemente hasta impulsada desde algunos hogares, genera situaciones de alto riesgo, no solo por los accidentes asociados con el alcohol y la violencia a que son proclives muchos consumidores, sino por el contexto de la ilegalidad que incluye venta de drogas, trata de personas, extorsión y otros delitos graves.
Los círculos de ambulantaje se explican solo porque hay un enorme mercado para adquirir mercancía irregular, en muchas ocasiones obtenida a través de la piratería y el robo. La población fomenta el comercio ilegal y con ello una serie de prácticas extralegales cuya presencia también es incubadora de delitos. Los intentos de la autoridad por abatir el ambulantaje languidecen pronto frente a la continua demanda de productos de dudosa procedencia, pero a precios bajos.
El aumento de adolescentes que de simples infractores se convierten en delincuentes de alto impacto, tiene su origen en el abandono de sus familiares, maestros y comunidades, que evidentemente incumplieron sus obligaciones en la formación de los menores, probablemente desde la niñez, y permitieron que la mayoría de las veces por el reclutamiento de grupos delictivos, pero a veces también por decisiones propias, inicien vidas criminales.
Los problemas en la prevención y persecución del delito empiezan a deberse más a la apatía ciudadana (falta de medidas de autoprotección y de denuncia cuando se es víctima) que a la ineficiencia de las autoridades de persecución e investigación del delito. La coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del estado, y la de ambas con policías municipales y fuerzas federales, han mostrado los primeros resultados positivos en el combate a la delincuencia, pero estos avances contrastan con la extraña actitud de empresarios que prefieren no denunciar los robos que sufren hasta que se vuelve indispensable hacerlo para cobrar el seguro.

Cierto que los cuerpos de seguridad pública e investigación del delito aún deben mucho a los morelenses para recuperar su confianza; pero si bien el combate al crimen es una atribución reservada al Estado, la reducción de los factores que llevan a la comisión de los delitos, y la cultura de la legalidad y la autoprotección es una tarea de todos.

